La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado que la corrupción es "sin lugar a dudas el peor delito que puede cometer un político" y ha dicho que los cargos públicos deben ser apartados de sus funciones ante la aparición de cualquier "duda razonable" y hasta que se aclaren sus actuaciones.
Este es el mensaje que ha querido transmitir hoy Esperanza Aguirre a los miembros de la Junta Directiva del PP de Madrid para dejar constancia de la que, según ha dicho, ha sido su posición "clara y tajante" desde el principio y la de su partido respecto a la utilización de cargos públicos para el enriquecimiento personal.
La presidenta ha indicado que su postura siempre ha sido la de que, ante la aparición de alguna "duda razonable" acerca de la actitud sospechosa de un cargo público, hay que apartarlo de sus responsabilidades políticas hasta que se aclaren sus actuaciones.
Ha asegurado que ese ha sido su modo de proceder y conforme a ello "seguiremos actuando" tanto en el caso 'Gürtel'como "en cualquier otro que se den las mismas circunstancias o parecidas", ha aseverado Aguirre.
"Falta de lealtad"
A su juicio, la utilización de un cargo público para el enriquecimiento personal constituye una "incalificable falta de lealtad hacia los compañeros, hacia los militantes, simpatizantes y los votantes del partido que han depositado su confianza en ti".
Ha recordado a sus compañeros de partido que "hoy los ojos de todos los ciudadanos están pendientes de nosotros, los dirigentes del PP, tras el levantamiento del secreto del sumario en el caso Gürtel".
Por ello, ha insistido en que tanto su postura personal como la del PP es que los políticos del partido están comprometidos con el grupo que les ha puesto en las listas y con los ciudadanos que les eligen y que además les otorgan "una responsabilidad política, añadida a la responsabilidad penal que todos tenemos".
Esa responsabilidad política es precisamente, y según la presidenta, la que "exige" el "aparcamiento" de las funciones políticas que se venían ejerciendo en el momento en que aparezca "alguna razonable duda" que ponga en cuestión la "rectitud de la conducta" de cualquier cargo público y hasta que se aclare la cuestión que se ha puesto en duda.
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