Cómo hemos llegado hasta aquí: orígenes y trifulcas de la jornada laboral de ocho horas

Mucho se debate en los últimos tiempos sobre si la jornada laboral de 40 horas semanales repartidas en cinco días se adecúa al estilo de vida de la sociedad actual. Lo que no deja lugar dudas es el tiempo que lleva implantada en nuestro país: más de 100 años. Los inicios de esta rutina laboral están en la que muchos definen como la huelga más exitosa hasta la fecha en la mejora de los derechos de los trabajadores. El título no es para menos: de ella salió la primera ley en Europa que fijó el máximo legal de horas de trabajo diarias en ocho, aunque para ser justos con la historia, varios siglos atrás, y también en España, ya se había realizado el primer acercamiento a la reducción de jornada mediante un decreto firmado por el mismísimo Felipe II.

El 5 de febrero de 1919 comenzó una huelga en Barcelona que paralizó la ciudad y la industria catalana durante 44 días y que cambiaría la historia del país. Se inició en la 'Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited', una eléctrica de origen anglo-canadiense que en España operaba a través de la sociedad Riegos y Fuerzas del Ebro. El nombre tan engorroso quedó reducido a 'La Canadiense', como se la conocía comúnmente en las calles.

Al frente del movimiento estaba la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), sindicato en auge en aquellos años que dirigió no solo los paros sino también las repetidas acciones de insumisión civil que ayudarían a sentar las bases de la jornada laboral hoy vigente. Pero vayamos por partes: ¿a qué se debió la huelga?

El germen está en la bajada de sueldo que afectó a parte del personal de oficina de la compañía después de que se les pasara de temporales a fijos. La buena nueva del cambio de contrato quedó empañada por la rebaja salarial comunicada el 2 de febrero. Ocho de los afectados, que eran miembros de la CNT, iniciaron la protesta y fueron despedidos por la empresa, lo que terminó de caldear el ambiente al ver también coartada su libertad de sindicación.

El 5 de febrero, los trabajadores del departamento de facturación se sumaron al paro para exigir la readmisión de los despedidos y elevaron la queja hasta hacerla llegar incluso al alcalde, Antonio Martínez Domingo. También fueron despedidos, y el guion se repitió; trabajadores de más secciones se unieron al movimiento y llegó un punto de no retorno. Para el 8 de febrero ya casi la totalidad de la plantilla estaba en huelga e incluso el paro se extendió a otras empresas, como Energía Eléctrica de Cataluña.

Los trabajadores de La Canadiense conocían su poder y lo utilizaron. De la compañía dependía el suministro eléctrico de otras muchas industrias, que se vieron forzadas a parar la producción. Con la sartén por el mango, los huelguistas expusieron a la empresa varias condiciones para reanudar la actividad, entre ellas, la readmisión de los despedidos o una subida salarial... y todo sin represalias. La respuesta de la empresa llegó dos días después a través de un comunicado en el que sólo denunciaba el oportunismo político de los sindicatos.

La situación se recrudeció en pocos días, aunque el 12 de febrero se documentó uno de los capítulos más terribles de la protesta: el asesinato de un cobrador que se negó a secundar el paro. El suceso, sin embargo, no significó el fin de la huelga. Los trabajadores de todos los ámbitos empezaron a ver margen para conseguir una mejora de las condiciones y el día 17 se sumaron las empresas del textil. Para el 21 la huelga ya afectaba a todo el sector eléctrico y el 27 se había extendido también a las compañías de agua y gas. La industria catalana casi en su totalidad estaba paralizada y, por tanto, lo estaba la ciudad.

Los intentos del Gobierno del momento que dirigía Álvaro Figueroa y Torres (Conde de Romanones) y de la Alcaldía por restablecer los servicios no llegaron a buen puerto. Las exigencias de los obreros se apilaban, como lo hacían las amenazas desde los despachos: quienes no volvieran a trabajar el 6 de marzo serían despedidos. De nuevo, la amenaza tuvo el efecto contrario. El 7 de marzo se unió el sector ferroviario y el 12 el paro ya era general pese a que las miles de detenciones que se acumulaban para entonces. Se dice que el castillo de Montjuic llegó a contar con casi 3.000 presos.

El 13 de marzo el Gobierno accedió a la negociación, todo esto bajo un estado de guerra decretado y la censura de prensa vigente. Entre los días 15 y el 16 de marzo se cerró un acuerdo por el que se ponía fin al conflicto, se restablecía la libertad para los presos sociales, se readmitía en sus puestos de trabajo a todos los huelguistas (con mejora salarial incluida y el pago la mitad del mes que duró la huelga) y se estableció la jornada laboral máxima diaria de ocho horas. Fue aceptado el 19 de marzo y la huelga de La Canadiense se dio por exitosa.

Sin embargo, la revuelta social no acabaría ahí. El incumplimiento por parte del Gobierno con la liberación de los presos provocó que el 24 de marzo se volviera a declarar una huelga general en Cataluña, pero esta se encontró con una reacción más severa por parte de las autoridades, que desplegó al ejército en las calles desde el minuto uno. Para apaciguar las aguas, el 2 de abril se concretó el el decreto que impondría la jornada de 8 horas desde octubre, lo que convenció a muchos trabajadores para volver a sus puestos. El 14 de abril, este segundo paro general se dio por concluido.

España, primer país europeo en decretar la jornada de ocho horas por ley

La huelga de 'La Canadiense', pacífica en general pero con cuatro muertes a las espaldas, convirtió a España en el primer país europeo en decretarla por ley. Sin embargo, las reivindicaciones no surgen de la nada y una serie de hechos ocurridos a raíz de la Revolución Industrial provocaron un 'efecto dominó' que extendió la mejora de los derechos laborales por muchos puntos del planeta de forma casi simultánea. No es coincidencia que entre 1817 y 1919 las condiciones de los trabajadores mejoraran en varias ocasiones.

En aquellos años, las jornadas de 12 horas eran la normalidad, especialmente en las fábricas. Diferentes anotaciones históricas adjudican la reducción de horas a Robert Owen, empresario galés del mundo del textil reciclado como abogado laboralista. Primero a diez y luego a ocho tras pronunciar en 1817 una frase que trascendió a la posteridad como suya: "Ocho horas de trabajo, ocho horas de recreo, ocho horas de descanso".

Los ecos de aquel '888' se extendieron a otros sectores y beneficiaron a más trabajadores. En pocas décadas se agolparon muchas reivindicaciones en diferentes partes del mundo, aunque EEUU llevaba la voz cantante en muchas de ellas. Entre otras destacan la creación en 1860 de 'La Liga de las Ocho Horas', un movimiento obrero que solicitaba que el domingo fuera día de descanso oficial i la proclamación por parte del 18º presidente de los EEUU, Ulysses S. Grant, del recorte de jornada diaria para todos los trabajadores del Gobierno estadounidense sin recorte salarial.

Este repaso a la Historia plantea una duda. Entonces, ¿no fue Henry Ford quien ideó la jornada de ocho horas? La acción de Owen en 1817 desmiente uno de los datos más extendidos cuando se habla de mejoras en los derechos de los obreros. La aportación del famoso empresario estadounidense del motor fue otra y ocurrió casi un siglo después. El 'padre' de las cadenas de producción modernas hizo un 3x1: decretó las ocho horas de manera oficial para todos sus trabajadores en 1916 y diez años después redujo la semana laboral a cinco días (mejorando el 'descanso dominical' conquistado en 1880) y aplicó un aumento de salarios generalizado. Contra el pronóstico del resto de empresarios, que le trataban de loco, la productividad en sus fábricas mejoró notablemente con la jornada de 40 horas semanales distribuidas en cinco días que aún hoy perdura.

Rusia, a la vanguardia del mundo

El otro dato que desmiente la cronología es el que apunta a España como el primer país en aprobar una ley universal con el límite de ocho horas diarias de trabajo. El honor que le otorgó al país la huelga de 'La Canadiense' fue a título europeo. A nivel internacional, fue Rusia el país a la vanguardia en el tope a las jornadas, dos años antes de la revuelta catalana. Tras Revolución de Octubre, el gobierno bolchevique instauró por ley en 1917 la jornada de ocho horas diarias y la semana de 48 horas que correría como la pólvora entre los países industrializados, sentando las bases para una legislación internacional.

Lo que sí provocó el movimiento en España fue el contagio inmediato a la vecina Francia, que el 23 de abril de 1919, y para evitar una huelga general, el Senado ratificó la ley de las ocho horas y declaró el 1 de mayo como día festivo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), que nació aquel año, utilizó estas leyes como base para su primer convenio.

Los trabajadores de EEUU tuvieron que esperar aún algunos años más, hasta 1940, para ser amparados por una ley que decretara las 40 horas semanales para todos. En otros país desarrollados aún tardaría más: en Australia se aplicó en 1948 y a Canadá no llegó hasta los años 60. Y en otros, nunca llegó a entrar en vigor, con Reino Unido como máximo ejemplo.

El precedente del siglo XVI

Pero hay una joya oculta varios siglos atrás que hay que desvelar para ser justos con la evolución. La chispa del movimiento obrero de 'La Canadiense' o de los ocurridos antes en Rusia o América podría haber saltado incluso mucho antes. La Historia guarda otro momento en el que España también se corona como pionera en la mejora de las condiciones de los trabajadores. Hay que remontarse al siglo XVI para encontrar el Edicto Real firmado por Felipe II que establecía jornadas de ocho horas para los obreros que participaban en la construcción del Monasterio de El Escorial.

El texto de la Ley VI de la Ordenanza de Instrucción, de 1593, indicaba lo siguiente: "Todos los obreros de las fortificaciones y las fábricas trabajarán ocho horas al día, cuatro por la mañana y cuatro por la tarde; las horas serán distribuidas por los ingenieros según el tiempo más conveniente, para evitar a los obreros el ardor del sol y permitirles el cuidar de su salud y su conservación, sin que falten a sus deberes". Para los mineros, la jornada se reducía a siete horas. Además, estas condiciones se hicieron extensibles a las Leyes de Indias que regulaban la situación de los indígenas americanos bajo control de la corona española. De alguna manera, está sí fue la primera norma internacional.

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