Uno de cada cuatro euros de los asalariados van a la caja de la Seguridad Social. Así lo indica un artículo de la Universidad Carlos III de Madrid, donde se destaca que España es uno de los tres países de la eurozona con el tipo implícito de las cotizaciones sociales para pagar pensiones más elevado, solo por detrás de Grecia e Italia. Estos datos se suman a los que ofrecía un reciente informe de la OCDE que situaba a España como la tercera economía desarrollada con mayor peso del IRPF y las cotizaciones respecto a la recaudación fiscal.
Un castigo desmedido a empresas y trabajadores que la reforma de pensiones del ministro Escrivá se ha encargado de incrementar aún más, aumentando los tipos en todos los tramos de renta. Un mayor esfuerzo impositivo que, además, no bastará para paliar los hondos desequilibrios del sistema de pensiones. Ello debido a que la norma no incluye ninguna medida de racionalización del gasto pese al reto que implica la jubilación de la generación del baby boom. Por el contrario, el efecto del mayor porcentaje que los cotizantes y las empresas destinan al pago de las pensiones sí que pasará factura a la creación de empleo. No en vano los autores del artículo indican que "cada punto de aumento de las cotizaciones sociales está asociado a una disminución de 0,51 puntos de la tasa de empleo". Un análisis más que atinado ante el hecho de que precisamente los tres países con cuotas más elevadas son también los que comparten los niveles de desempleo más altos. Queda así patente el lastre que para el mercado laboral suponen los desmedidos porcentajes que se pagan en cotizaciones, ya que elevan los altos costes laborales que ya soportan las empresas y socavan su capacidad para generar nuevos puestos de trabajo.
