Opinión

Asfixia de las empresas españolas

  • Su tributación supera la media europea en su beneficios y en su creación
La titular de Hacienda, María Jesús Montero. EFE
Madrid

Los datos de la ya famosa comparativa internacional Doing Business muestran la gran intensidad con la que la actividad empresarial está gravada en España. Así ocurre en el momento mismo de la constitución de la sociedad, cuando los gastos de tramitación suponen un 11,3% del ingreso medio por habitante español, el quinto registro más elevado de toda la UE, superior en casi cuatro puntos a la media comunitaria. Pero, además, una vez que la empresa logra obtener beneficios, estos tributan a un tipo medio del 47%, lo que implica rebasar en un 7% el promedio de la Unión. En plena crisis económica, el alivio de esa situación se encuentra muy lejos de los planes del Gobierno del presidente Pedro Sánchez.

Muy al contrario, su respuesta a las nuevas dificultades, anunciada el mes pasado, pasa por penalizar fiscalmente en mayor medida los beneficios de dos sectores, el energético y el bancario, pese a que no está demostrado que en ese ámbito se estén produciendo ganancias extraordinarias. 

Esa política contrasta, cada vez con más viveza, con la propia de nuestro socios comunitarios. El mejor ejemplo es el Gobierno del canciller alemán Olaf Scholz, país que, más allá de los 10.000 millones en rebajas de impuestos anunciados esta semana, prometió ya a principios de este año aliviar en 30.000 millones la carga tributaria de las empresas, sobre todo de las pymes, a lo largo de la actual legislatura.

En nuestro país, por el contrario, las firmas no sólo se enfrentan a una inflación histórica que multiplica sus costes, mientras el descenso del consumo acabará afectando a sus ventas. A todo ello se suma una alta carga impositiva que hace todavía más asfixiante su situación económica.

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Es sobradamente conocida la labor de zapa de Hacienda para destruir el tejido empresarial español que es uno de los más paupérrimos de Europa formado en más del 98 por ciento por autónomos, micro Pymes y Pymes de menos de 10 trabajadores. No solo recauda el 47 por ciento, sino que los socios vuelven a pagar, doble imposición, y que además para la declaración de Patrimonio se deben presentar el mayor de esto 3 valores: el valor nominal, que es el valor que figura en escritura. El valor patrimonial, que es el valor resultante de capitalizar al 20 por ciento el promedio de los beneficios de los 3 ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha de devengo del impuesto. Y el valor teórico, que es el resultado de dividir el Pasivo no exigible por el número de acciones del último balance aprobado. De esta forma las Comunidades que mantienen el robo legal del impuesto de Patrimonio vuelven a cobrar a los socios por este concepto. Tal es el caso de la denominada Comunidad Valenciana, cuyo gobierno Central extorsiona a Alicante con estas medidas y, además, ahora quiere introducir una tasa turística para obtener aún más dinero de las empresas alicantinas que mayoritariamente se dedican al turismo. Hacienda y su desmedido afán recaudatorio es la causa principal del deterioro de nuestro tejido empresarial y por tanto del paro y la miseria que se genera en nuestra sociedad. Al final todos los españoles quieren ser funcionarios, ya que a las empresas se les impide vivir, crecer y desarrollarse. Efectivamente, Hacienda asfixia y roba a las empresas españolas, es decir a los autónomos, a las micro Pymes y a las Pymes de menos de 10 empleados. Aquí no hay quien viva.

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