Reformas necesarias para la economía española: un plan en tres fases

España encara los próximos años con una presión estructural que trasciende la coyuntura. Aunque su economía presenta aspectos positivos, también muestra patrones con una urgente necesidad de prestarles atención: baja productividad, débil inversión, rigidez institucional y vulnerabilidad fiscal. La productividad por hora trabajada es un 15% inferior a la media de la eurozona, la tasa de empleo está lejos de los países más avanzados y la renta per cápita no progresa. El tejido productivo, compuesto en un 99,8% por pymes –la mayoría con menos de diez empleados– tiene márgenes reducidos que limitan su escalabilidad, innovación y atracción de talento. A esto se suman una elevada tasa de paro juvenil, dualidad laboral, déficit público estructural y escaso acceso a la vivienda para jóvenes y clases medias. Este suma de desequilibrios exige una estrategia nacional, decidida y secuencial, estructurada en una primera etapa en tres fases.

La primera entendemos que debería centrarse en sanear el marco fiscal, fortalecer el empleo y desbloquear el mercado de la vivienda. Con una deuda pública superior al 100% del PIB y un déficit persistente por encima del 3%, es urgente un plan creíble de consolidación, con una reducción anual del déficit estructural de, por ejemplo, el 0,5% del PIB. Esta corrección debe abordarse desde el gasto superfluo, mediante evaluaciones independientes, eliminación de duplicidades y una reorientación hacia inversión productiva y nuestro capital humano, aplicando un criterio riguroso de priorización presupuestaria -proceso al que sin duda también ayudará el crecimiento económico y el ensanchamiento de las bases imponibles-. Al mismo tiempo, como apuntamos, es necesaria una reforma tributaria centrada en ampliar bases imponibles, eliminar tratamientos regresivos y reforzar la lucha contra la economía sumergida, abandonando estrategias de simplemente subir impuestos y/o poner el foco en quién cumple. En paralelo, el mercado laboral debe avanzar en flexibilidad interna y seguridad jurídica. La reforma del Estatuto de los Trabajadores debe centrarse en el objetivo de reducir la litigiosidad y facilitar la planificación empresarial. También se requiere adaptar la negociación colectiva a la realidad sectorial y rediseñar los incentivos a la contratación de jóvenes, mayores de 50 años y colectivos vulnerables mediante bonificaciones automáticas y formación dual. Modernizar todo lo posible el SEPE e implantar un sistema eficaz de recualificación profesional son medidas clave ante un mercado laboral que evoluciona de forma desigual. A todo ello se añaden dos retos sociales, a la par que económicos, relevantes.

Primero, un plan ordenado de inmigración legal con enfoque sectorial y profesional, como base de atracción de oficios, profesionales y talento para el crecimiento. Segundo, mejorar el acceso a la vivienda. En grandes ciudades, los jóvenes y mucha de nuestra clase media destinan más del 40% de su renta al alquiler. La solución no debe pasar por controles de precios generalizados, sino por políticas de oferta: colaboración público-privada para alquiler asequible, movilización de suelo público, simplificación urbanística y mayor seguridad jurídica para los pequeños propietarios. Las ayudas al alquiler deben concentrarse en colectivos vulnerables, evitando efectos inflacionarios.

La segunda fase debe centrarse en mejorar la productividad. En España, el bajo tamaño medio empresarial y la escasa inversión generan un ecosistema con bajo retorno agregado que además dificulta la atracción de talento hacia la pyme. La fragmentación del tejido productivo impide escalar, adoptar tecnología e internacionalizarse. Se requiere una reforma regulatoria que premie o no desincentive el crecimiento empresarial, fomente fusiones entre pymes y cree fondos estratégicos que canalicen capital, especialmente hacia medianas empresas. La política pública debe actuar como palanca para atraer inversión privada en proyectos estratégicos y también mediante una combinación de instrumentos públicos y públicos-privados diseñar un plan potente a medio plazo que permita ponernos de deberes llegar a una aportación del comercio exterior de un 50% al total de nuestro PIB, potenciar lo que hacemos bien. La inversión en intangibles, innovación y digitalización sigue rezagada respecto a Europa. Para revertir este escenario, se debe desarrollar un mercado de capitales más dinámico, incentivar el capital riesgo en todas sus etapas, promover salidas a bolsa a todo tipo de empresas y simplificar los instrumentos de financiación alternativa, hay que introducir esta cultura, abrir de par en par las puertas a todo tipo de financiación, sin corsés ni sobre regulaciones. A nivel europeo, urge culminar la Unión Bancaria y de Mercados de Capitales, establecer el Esquema Europeo de Garantía de Depósitos (EDIS) y armonizar los marcos fiscales y concursales. Aunque no dependa exclusivamente de España, su liderazgo técnico y político en esta agenda debe ser claro. También es crucial mejorar el uso de incentivos fiscales a la innovación, conectar universidades con empresas y desplegar un plan nacional de formación ejecutiva centrado en gestión del conocimiento. El sistema educativo debe alinearse con las demandas del mercado laboral, impulsando la formación profesional dual, vincular parte de la financiación universitaria a la empleabilidad y favorecer la movilidad del talento. La recualificación continua debe priorizar habilidades digitales, IA, sostenibilidad, idiomas y competencias interpersonales. Solo así mejorará la productividad.

La tercera fase se enfoca en la sostenibilidad económica a largo plazo. La transición ecológica es una oportunidad para redefinir el modelo productivo, pero requiere ser justa: compensaciones para sectores en reconversión, subsidios transitorios a hogares vulnerables y programas de reindustrialización. Sin cohesión social, no habrá descarbonización estable. En este contexto, el mix energético es clave. España depende en más de un 70% de fuentes externas, lo que la expone a la volatilidad internacional. Es esencial diversificar fuentes -sin exclusiones-, invertir en almacenamiento, mejorar interconexiones eléctricas y fomentar el autoconsumo. Asegurar precios competitivos para la industria y establecer un marco regulatorio estable es vital para convertir la transición energética en un activo de competitividad.

Las tres fases —fiscal y laboral, productiva e internacionalizada, ecológica y energética—, no son compartimentos estancos, sino etapas encadenadas de una transformación integral. Estas reformas entendemos que permitirían abordar mejor otras prioridades clave para nuestro modelo de país como son pensiones, apoyo a la familia o gasto social y el "no dejar a nadie atrás"; todo ello unido a la necesidad de pensar quién y cómo se encarga de fomentar a la vez que regular la IA. España necesita visión estratégica frente a tacticismos, capacidad de ejecución y un consenso institucional que supere el ciclo político. Los desafíos están diagnosticados. Lo que falta es la necesaria determinación. Este podría ser el momento.