Sentencia de muerte para España

Probablemente la mejor definición del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Generalitat para la financiación singular, privilegiada e ilegal de Cataluña la haya hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmando que es "una sentencia de muerte para España". Una sentencia de muerte que ha firmado Pedro Sánchez para pagar a los independentistas y golpistas catalanes la investidura de Salvador Illa en Cataluña y para seguir unos meses más en La Moncloa en un intento a la desesperada de salvar a su entorno familiar y a él mismo de las múltiples denuncias e investigaciones por presunta corrupción que les rodean y desviar la atención sobre sus vínculos "a título lucrativo" con la prostitución".

Un acuerdo por el que Cataluña gestionará cerca de 25.000 millones de euros más que supone un acto más de corrupción política y cuya primera y principal consecuencia de llevarse a efecto será la liquidación del principio constitucional de igualdad entre los españoles y la ruptura de la solidaridad interterritorial entre todas las comunidades del Estado, además de sentar las bases para la consolidación real y formal en España de ciudadanos de primera y de segunda. Añadir a esto que el aumento derivado de la nueva financiación no va a servir para mejorar la calidad de los servicios de los catalanes sino para costear las acciones y actuaciones del independentismo. Porque el problema de Cataluña, que tiene 15 impuestos propios frente a ninguno de Madrid, no es de financiación sino de mala gestión y desvío de los recursos recibidos y recaudados.

Si Cataluña recauda todos los impuestos, como se desprende del acuerdo, el resto de las comunidades autónomas tendrán menos recursos para financiar sus servicios de sanidad, los hospitales, la educación, vivienda y el resto de prestaciones sociales, obligando a sus ciudadanos a pagar más impuestos. Y si este acuerdo se generaliza, como también aseguran desde el gobierno del sanchismo, esto supondría dinamitar el sistema tributario y la desmembración de la Agencia Tributaria condenando al Estado a no poder pagar, por falta de fondos, las pensiones, los intereses de la deuda o el Ingreso Mínimo Vital entre otras actuaciones. Eso, al margen de que en función de sus ingresos, además de Cataluña sólo otras dos de la comunidades de régimen común pueden acogerse a esa generalización de la financiación singular: Madrid y Cantabria. Y esta última sólo mientras siga manteniendo en su territorio la sede social del Banco Santander.

Añadir a esto que el actual marco legal español hace inviable este pacto entre el sanchismo y Cataluña porque para que puede ejecutarse sería imprescindible reformar, primero, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), y a continuación modificar la Ley de Cesión de Tributos del año 2001, las leyes orgánicas de los distintos estatutos de autonomías y las leyes específicas de cesión de tributos a cada comunidad, además de las leyes que regulan las diferentes figuras tributarias. Y con todas estas ilegalidades, irregularidades y prostitución política y financiera la pregunta que surge ahora es si Sánchez y sus "amos" catalanes serán capaces de conseguir la mayoría suficiente para aprobarlo en el Congreso. De momento los puigdemones ya han dicho que de entrada no.

Pero, ¿secundarán esta tropelía los socios gallegos, valencianos y resto de territoriales de SUMAR? ¿Lo apoyarán los diputados de Podemos, o en Coalición Canaria? ¿Qué harán los miembros de la bancada lanar socialista? ¿Habrá entre estos últimos algún arranque de vergüenza y dignidad o seguirán sumisos y lacayos del "puto amo" – en palabras de Oscar Puente- traicionando a sus vecinos y votantes del resto de las comunidades españoles, con los que conviven? ¿Con qué cara van a presentarse ante ellos para rendir cuentas? Todo es posible porque si algo ha demostrado esta legislatura adulterada y fracasada es que la mayoría de socios contra España, liderada por Sánchez y el sanchismo, hasta hoy ha funcionado. Claro que nunca como hasta ahora se habían tocado las finanzas de los territorios y los bolsillos de los ciudadanos que, en último término y demostrado está, es lo que mueve los votos y las voluntades.