Recalificaciones siempre sospechosas, mansiones de película, urbanizaciones y campos de golf donde nunca hubo agua...todo llama a la sospecha en la soleada y rica costa española después de conocer los desfalcos de la mítica Marbella.
La impresión que ha quedado en la atónita ciudadanía española es que todo vale en la costa si se trata de hacer negocio a partir de una inversión que algún amigo de un amigo del ayuntamiento de otro amigo les recomendó, a modo de información privilegiada.
Es injusto que el caso de Marbella eche por tierra el esfuerzo que tantos y tantos alcaldes y concejales españoles realizan para sacar adelante su pequeña ciudad o para evitar que desaparezca su pueblito del alma. Fuera del millonario desfalco que se pueda descubrir, esa sospecha de duda sobre cualquier actuación que sobre el suelo haga un ayuntamiento, por diminuto que sea, es el mayor daño que los corruptos encarcelados han hecho.
Las detenciones seguirán
El problema es que las detenciones seguirán y, para colmo, mezcladas con la política. Los inspectores se quejan de falta de medios, pero cuentan con el "auxilio policial" para sacar a la luz lo que haga falta y cuando convenga. Muy pronto sabremos de más casos de corrupción municipal o de tramas con facturas falsas en la costa del sur de España. Será Cádiz, será Málaga o será en otras zonas, pero de aquí a las elecciones municipales del año que viene, es fácil que los desfalcos de gente marcada por uno u otro partido político -que los hay de todos-, van a salir a la luz.
Es decir, que la sombra de duda sobre los responsables de las corporaciones locales y la sensación de que todo lo que se hace con el suelo en la costa es sospechoso, no se eliminará. La reforma de la financiación local y la ordenación de los ingresos derivados del suelo, que está en marcha, es una buena ocasión para reivindicar el trabajo duro de quienes más cerca están de los ciudadanos y más sufren por servirles. Ellos se lo merecen.