En la situación de política surrealista que vivimos, el lenguaje es también víctima de la manipulación. Se habla así, sin rubor, de prolongar la vida activa en dos años, cuando lo que se quiere decir es demorar en dos años el acceso a las prestaciones de jubilación -además de minorar éstas-.
Vamos a asistir a unas medidas de ajuste orientadas a demorar y reducir el gasto y no a resolver los problemas del sistema. El equilibrio de la Seguridad Social no se verá garantizado mientras no se adopten medidas tendentes a aumentar el conjunto de las cotizaciones, tanto por la vía de la mejora del empleo como de la de los salarios. El retraso en dos años de la edad para la percepción de la pensión no resuelve el problema. Eso sí, dentro de diez años, cuando se vuelvan a agotar los fondos, podremos hacer lo mismo y retrasar las prestaciones hasta los 70 años de edad?
El reto, efectivamente, es prolongar la vida activa, pero eso no se logra demorando en dos años la edad para la percepción de la pensión; y si no, que se lo pregunten a tantos españoles expulsados del mercado de trabajo a una edad en la que ya no se consideran jóvenes y que se ven abocados al desempleo permanente, o al subempleo sea por cuenta ajena o como autónomos. ¿No es un sarcasmo hablar de prolongarles la vida activa? ¿Y qué decir de los jóvenes que no pueden acceder a un trabajo digno hasta los 30 años? Mientras tanto, el avance de la economía sumergida va en relación directa con el retroceso del sistema público de pensiones. ¿Cuántos pensionistas y jóvenes tenemos hoy en España trabajando y facturando, sin cotizar, a través de empresas interpuestas, familiares o amigos?
La Seguridad Social precisa de políticas activas de dinamización del mercado de trabajo. Sólo así se garantiza su futuro y, desgraciadamente, de esto no se habla. Con el panorama demográfico que tenemos, -cuando las ideas de nuestros gobernantes se agotan en el interruptus cheque bebé-, todas las personas deben tener facilidades para trabajar hasta que quieran y sean capaces de hacerlo, pues toda la sociedad, pensionistas incluidos, va a necesitarlas. Para ello, hay que plantearse una reforma en profundidad del sistema con dos ejes principales: uno, que haga compatible la percepción de rentas de trabajo -cotizando por ellas- con la percepción de pensiones de jubilación, en un modelo que sea beneficioso tanto para el Estado por las cotizaciones recibidas como para el trabajador pensionista que vea aumentada su renta, reconociendo que los sistemas actuales de incentivos a la jubilación diferida se han demostrado ineficaces. Un segundo eje ha de ser la reforma del contrato de trabajo, al menos para mayores de 50 años, que facilite de verdad la recuperación del empleo -y de la cotización-de estos profesionales, sobre la base de un modelo de contrato con amplia flexibilidad en la determinación de la jornada, temporal o de carácter indefinido no fijo, que dé plena seguridad al empresario de que puede extinguirlo sin causa, con preaviso y con compensación pactada; sin perjuicio de arbitrar garantías de prevención del fraude.
Y en la entrada al sistema, -el acceso de los jóvenes al mercado laboral-, hemos de reconocer que en España hay un déficit empresarial grave. Hemos llegado al punto en el que un joven excelentemente formado ha de considerarse un privilegiado si encuentra un trabajo con dedicación exclusiva, sin horario y por un salario de 1.000 euros brutos al mes. ¿Cómo se va a sostener sobre esta base un sistema de pensiones de reparto? Lo que hacemos es incentivar la emigración de los mejores.
Hacen falta empresarios, pero no formamos para la empresa desde la escuela, no promocionamos su creación al máximo, antes bien ahogamos con un sinfín de administraciones públicas con competencias superpuestas y trabas financieras, el desarrollo de la iniciativa empresarial. Eso sí, aireamos muy bien las excepciones para que los políticos salgan en la foto. El Estado tiende a apoyar a grandes empresas de corte monopolista en detrimento de las pequeñas, que han de nacer y competir? y, sobre todo esto, la CEOE, ¿qué dice?, ¿qué hace?
Llevamos muchos años mareando la perdiz; en especial en las últimas legislaturas, en las que se ha perdido una oportunidad de oro para hacer reformas estructurales en defensa de la sostenibilidad de los derechos de los trabajadores, en vez de tantas políticas de políticas para satisfacción electoral militante y leyes para la galería. Probablemente desde la Segunda República no ha tenido la izquierda española una ocasión histórica semejante, y no ha demostrado estar a la altura de los tiempos.
Carlos de Benito es profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Francisco de Vitoria. Vicepresidente de AEDIPE Centro.