La laxitud de los políticos con las sicav

No se trata de acabar con las sicav, sino de evitar que por algunas se cuele el fraude tributario.

El mundo está lleno de contrastes y la política española no está exenta de ellos. A la clase política le cuesta dimitir y los políticos imputados con evidencias claras de delito se aferran a sus cargos alegando la sacrosanta presunción de inocencia, hasta que un juez no diga lo contrario. Hago estas consideraciones tras la sorprendente dimisión la semana pasada del eurodiputado de IU, Willy Meyer, al conocerse su participación en un fondo de pensiones que invertía a través de una sicav luxemburguesa.

En España las sicav tienen mucho éxito entre los grandes patrimonios. Los Inspectores de Hacienda las hemos mirado siempre con cierto recelo porque, a menudo, se usan por sociedades familiares para defraudar y para tributar al 1 por ciento incumpliendo el requisito de 100 partícipes para ser verdaderas Instituciones de Inversión Colectiva. Esta situación irregular hizo que se desarrollara un gran plan de inspección en 2004 y 2005, en el que decenas de sicav se inspeccionaron y regularizaron por no cumplir con ese requisito. Ello generó cierta alarma entre sus propietarios y entre algunos grupos de presión, que consiguieron que se aprobara en Cortes una ley que arrebató a la Inspección de Hacienda la posibilidad de comprobar estas actividades, entregándoselas a la CNMV.

Parece evidente que en un Estado de Derecho el control fiscal ha de corresponder a las instituciones fiscales y no a la CNMV ni a ningún otro organismo. Llama la atención también que este órgano supervisor de los mercados de valores apenas ha encontrado sicav que incumplan los requisitos y cuando lo ha hecho ha dado un plazo de dos años para que vuelvan a encontrar inversores, permitiéndoles conseguir los 100 ahorradores contratando inversores ficticios.

Hay quienes defienden la no modificación del régimen de las sicav en el hecho de que de esta forma se evita el peligro de que se marchen fuera y que es mejor el 1 por ciento de poco que mucho de nada. Este argumento es éticamente reprobable e incompatible con el mandato constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Además, la existencia de este régimen ha tenido y sigue teniendo efectos negativos en la conciencia fiscal ciudadana que las considera un ejemplo paradigmático de que los ricos no pagan impuestos.

No se trata de hacer desaparecer las sicav honradas, pero sí las que son un fraude. Las sicav realmente son fondos de inversión, al que más de 100 personas diferentes entregan sus ahorros para que los invierta profesionalmente y genere beneficios. Los socios son ajenos a la gestión y la tributación se produce cuando venden su participación. Es justo, por tanto, que tengan el mismo tipo de régimen fiscal que cualquier fondo de inversión que puede adquirir cualquier ciudadano en un banco o caja. Pero cuando estamos hablando de sicav pertenecientes a grupos familiares que complementan el requisito de cien socios recurriendo a mariachis, estos argumentos quiebran. Luxemburgo es sede del Tribunal de Justicia de la UE y también de la Secretaría del Parlamento, por lo que es razonable que allí se gestione la sicav del plan de pensiones del Parlamento Europeo. Sin embargo, el gran atractivo de Luxemburgo, por encima de la menor tributación de sus fondos, es que no tiene que informar de quien tiene el dinero depositado en sus cuentas. Es ahí donde el dinero negro encuentra refugio en los bancos de dichos países.

Está en marcha una reforma fiscal que no contempla cambios en el régimen de las sicavs. Uno de los puntos clave de cualquier reforma fiscal que pretenda tener un mínimo de éxito es aumentar la conciencia fiscal, como no nos cansamos de repetir los Inspectores de Hacienda. Para conseguirlo, hay que aumentar la transparencia en la gestión pública y reducir los comportamientos antisociales para que los ciudadanos confíen en que se trata a todos los contribuyentes por igual. En particular, deben tener el convencimiento de que no existen contribuyentes al margen del control fiscal. Esto último y todo lo expuesto anteriormente hace necesario "dar una vuelta" al régimen de estas instrumentos de inversión para que sean un mecanismo de ahorro de muchos, y no el cauce para que unos pocos no tributen.

Es bueno comprobar que hay políticos honrados y consecuentes con sus ideas, pero aún sería mejor que en lugar de dimitir por asuntos como el que nos ocupa, permanecieran en sus escaños y con sus votos, y con sus propuestas modificaran aspectos como el régimen de las sicav, el secreto bancario o los paraísos fiscales. Los votantes agradeceríamos más estos esfuerzos que algunas dimisiones.