Un avance positivo, pero insuficiente

La reforma de las administraciones puede quedarse corta, si como dice Montoro ya se ha cerrado el ajuste en el empleo público.

La reforma de las Administraciones Públicas, que ayer estudió el Gobierno, contiene elementos muy positivos, como la fusión y supresión de organismos para eliminar duplicidades. Una actuación necesaria y que supondrá un ahorro importante, aunque no tanto como se asegura. Los 37.700 millones a los que aludió ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, incluyen el ajuste realizado desde 2012. De esta cantidad, 16.300 millones es el ahorro que obtendrán los ciudadanos y 6.500 millones, el Estado. El resto del programa queda a expensas de que las CCAA se avengan a cumplirlo.

El consejero de Economía de Cataluña, Mas Colell, dijo ayer que no aceptarán la supresión de ningún organismo que les reste competencias y Madrid también rechazó la supresión de su Tribunal de Cuentas. Pero hay otras autonomías que aprecian el paraguas legal que les ofrece la reforma para deshacerse de competencias cuyo gasto les resulta inasumible. Además, el Gobierno cuenta con la baza política de que la mayoría de las CCAA están regidas por el PP. Una ocasión que el Ejecutivo no debe desaprovechar. De su capacidad de persuasión dependerá el mayor o menor calado de la reforma, que aparte del acuerdo con las autonomías, corre el peligro de quedarse corta si como dice Cristóbal Montoro se da por cerrado el ajuste en el empleo público.

De ser así las administraciones tendrían los mismos efectivos que en pleno boom económico. El ajuste se reduciría a 86.100 efectivos -su número aumentó en plena crisis-, sin que haya ninguna propuesta sobre la reducción de cargos políticos, como se anunciaba hace un año. Estas luces y sombras que arroja la reforma hacen que el avance que representa pueda resultar insuficiente.