Opinión

Sector financiero, ¿match point?



    El pasado viernes, el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, que contiene la anunciada reforma del sector financiero.

    El Real Decreto-Ley se publicó el sábado en el BOE y, como suele suceder en estos casos, la lectura de su articulado permite entender mejor algunas de las claves de la reforma que se inicia y algunas piezas complementarias de interés como las que atañen a la organización y gobierno corporativo de las Cajas de Ahorros.

    El texto normativo evidencia la clara decisión política de, como dice su Exposición de Motivos, "eliminar las incertidumbres sobre nuestra estabilidad financiera y contribuir a reforzar la confianza en nuestro sistema financiero".

    Es decir, se trata de acabar de una vez por todas, y de una sola vez, con las dudas existentes sobre la situación del sector financiero español, del efecto de su exposición al sector inmobiliario y la eventual necesidad de un respaldo desde las cuentas públicas.

    Plazos exigentes

    Los plazos que se establecen en la norma son realmente exigentes. Las entidades que tengan la capacidad de afrontar por sí solas las nuevas dotaciones y requerimientos que establece el Real Decreto-Ley habrán de hacerlo a lo largo de este año 2012.

    En unos casos lo harán por sí mismas, con mayores o menores dificultades, y viendo afectadas sus cuentas de resultados. Otras entidades, en cambio, habrán de requerir el apoyo del Frob, si bien las condiciones que se establecen deberían hacer que los gestores mediten con atención y realismo sobre la viabilidad de su proyecto.

    La alternativa a lo anterior es la participación en nuevos procesos de integración. La fusión de entidades (los SIPs son ya historia) ofrece la clara ventaja de aplazar en un año (hasta el 31 de diciembre de 2013) el plazo para cumplir con los nuevos requerimientos y dotaciones establecidas por el Real Decreto-Ley.

    Los proyectos de integración deberán presentarse antes del próximo 31 de mayo, con la única excepción de las operaciones de adquisición de entidades que, a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley, se encuentren participadas mayoritariamente por el Frob.

    Claramente, la intención del Real Decreto-Ley es que la ronda final de integraciones en el sector financiero español, con la que se lleva especulando desde hace demasiado tiempo, se produzca a lo largo de este año.

    Mejorar la eficiencia

    Más allá de esta reforma, las integraciones son imprescindibles. La situación del mercado bancario español hace necesaria la reducción de la capacidad instalada para minorar los costes operativos de las entidades y mejorar su eficiencia.

    Además, la evolución de la regulación financiera internacional y el incremento paulatino de los requerimientos de capital también determina el aumento de tamaño de las entidades para mantener su rentabilidad.

    Por último, la necesaria proyección internacional de las entidades y las inversiones que habrán de realizarse en el ámbito tecnológico también hacen imprescindible el refuerzo de su potencial en términos de capacidad de inversión, de gestión y de fortaleza financiera, lo que, nuevamente, hace necesario un aumento de tamaño.

    En definitiva, se trata de disipar las dudas sobre la situación real del sistema financiero español como instrumento necesario para la mejora de nuestra capacidad de obtener financiación en los mercados internacionales a coste razonable, aumentando el nivel del crédito concedido a familias y empresas pero también, y no en menor medida, de emprender una reforma imprescindible del sector financiero español en términos de tamaño y capacidad.

    El resultado final será una reducción importante del número de entidades, un incremento significativo de su tamaño medio y, en definitiva, un sector financiero más rentable y solvente, que contribuirá a la recuperación de la economía española y a la creación de empleo.

    En ese contexto, algunos bancos mantendrán su configuración actual como sociedades cotizadas, propiedad de numerosos inversores institucionales y minoristas, mientras que en otros la propiedad seguirá correspondiendo, en proporción diversa, a las antiguas Cajas de Ahorros, ya conserven su condición o se transformen en las nuevas "fundaciones especiales" que regula con cierto detalle el Real Decreto-ley.

    Todas esas entidades, junto con las Cajas no transformadas y las reforzadas cooperativas de crédito conformarán el futuro paisaje bancario español.

    Francisco Uría es socio responsable del sector financiero de KPGM en España