Joaquín Abajo -un ex alto funcionario de la Presidencia durante el último Gobierno socialista de Felipe González y cuya mujer tiene actualmente nómina en el PSOE- era secretario no consejero del Consejo de Administración de Afinsa cuando la compañía fue intervenida. Sin embargo, no ha sido llamado a declarar como testigo. El hecho de que fuera secretario, pero no consejero, indica que su participación en las reuniones del Consejo no eran decisorias, sino que su asistencia era más bien testimonial, para levantar acta de la reuniones. Pero eso no es todo, porque Abajo trabajaba bastante con la empresa y lo hizo durante muchos años. Comenzó a prestar asesoramiento a Afinsa hace diez años -1996-, llegó a facturar a la compañía hasta 700.000 euros por servicios y, finalmente, tuvo que conocer de primera mano las tripas de la empresa al asistir -siquiera como oyente o escribiente- al Consejo. De hecho, su vinculación con la compañía le hizo aparecer en la inspección que Hacienda abrió a la compañía "tras haberse detectado desplazamientos patrimoniales no justificados desde la sociedad administrada a los administradores". Aunque está claro que no era directivo de Afinsa, Abajo figuró en el mismo grupo de ejecutivos investigados por la inspectora de Hacienda Teresa Yábar, que más tarde dio lugar al expediente abierto por la Fiscalía Anticorrupción. Resulta difícil creer que la información a la que ha tenido acceso Abajo no tenga nada interesante para incorporar a los expedientes de Afinsa. Haber sido letrado jefe del Servicio Jurídico de Felipe González no es lo que importa en este caso, sino lo que sabe Abajo. Su declaración es necesaria para que nadie sospeche que hay alguna vinculación política y para esclarecer más la embrollada crisis filatélica.