El Plan de Prevención del Fraude Fiscal da frutos. Una de sus prioridades era la vivienda y los inspectores de la Agencia Tributaria están encontrando mucho petróleo en este sector. Un dato revelador: quienes declaran más de una vivienda han pasado de 3,1 millones a 4,3 millones de propietarios -1,2 millones más que antes-. Puesto que en España se construyen alrededor de medio millón de nuevas viviendas al año, la conclusión es que hay varios centenares de miles de segundas viviendas -la casa del pueblo, el apartamento de la playa- por las que no se pagan impuestos. Que se haya detectado este nivel de fraude significa que los cruces de datos que lleva a cabo Hacienda con los notarios y otras instituciones están funcionando. Es una buena noticia, porque implica que hay menos zonas fiscalmente opacas, un avance en la justicia tributaria y que los tramposos de la industria inmobiliaria -Operación Malaya y demás- comienzan a no poder moverse con tanta impunidad como hasta ahora. La actuación de la Agencia Tributaria tiene otra consecuencia económica importante, ya que, a más viviendas conocidas e identificadas, mayor recaudación por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los ayuntamientos. Muchos de los más de ocho mil municipios españoles tienen verdaderos problemas para "llegar a fin de mes" con sus limitados recursos y, si prospera el proyecto del Gobierno para aumentar el IBI que pueden cobrar por las segundas residencias, serán los primeros beneficiados. Pero hay que intentar que no paguen justos por pecadores. Una cosa es pagar más IBI por una residencia que no se usa y se tiene para especular y otra por una vivienda que se usa con frecuencia. El nuevo IBI debe ser progresivo, es decir, ajustado al uso real de la vivienda.