El lunes pasado, Pedro Mielgo, ex presidente de Red Eléctrica Española (REE) y experto en buen gobierno empresarial, se mostraba preocupado en estas páginas por el reglamentismo en España -código Conthe- y aprovechaba para lanzar una andanada contra quienes quieren defender con leyes al pequeño accionista, cuya importancia debe ser "proporcional a su número de acciones".Todo eso está muy bien, pero es un error ignorar el papel que juegan los accionistas particulares en los mercados de valores. Aquí están los datos. En España, cerca de una de cada cuatro acciones está directamente en manos de las familias españolas, que poseen otro 8,7 por ciento a través de fondos de inversión. El número de partícipes es de 8,5 millones en fondos de inversión y de 8,8 millones en fondos de pensiones, aunque, seguramente, habrá ahorradores repetidos en estas dos fórmulas de inversión colectiva. Y qué decir de la negociación en bolsa. El 45 por ciento de las operaciones las hacen particulares, aunque sólo negocian el 5 por ciento del volumen económico.En resumen: los inversores institucionales necesitan del particular para mover sus grandes carteras de títulos. ¿Hay contrapeso a ese poder de mercado institucional? ¿Podemos ser tan ingenuos de pensar que los inversores particulares se van a articular de forma natural para defender sus intereses? ¿Hacen algo los fondos para que los ahorradores puedan expresar sus opiniones en las sociedades en las que invierten? ¿Sirven para algo las juntas de accionistas como están reguladas? Cuatro veces NO. Hay que regular la financiación y la transparencia de las asociaciones de accionistas. Obligar a los fondos a que, además de cobrar comisiones de gestión, se sienten en los consejos de administración a hacer parte del trabajo por el que se les paga. Y cambiar las normas sobre juntas de accionistas para que sean foros abiertos de participación y no espectáculos de autoalabanza para los gestores.