C on una audaz decisión el Papa Francisco reforma las finanzas plagadas de escándalos del Vaticano. Crea un departamento con plenos poderes que supervisará todos los asuntos económicos y administrativos. Los cambios se han formalizado en un documento Motu Proprio (por su propia iniciativa). El nombre Fidelis dispensator et prudens (Administrador fiel y prudente), es toda una advertencia. El Secretariado para la Economía rendirá cuentas directamente al Papa. Será dirigido por el cardenal australiano George Pell. Continúa la desitalianización de la Curia romana ya reflejada en las recientes designaciones de nuevos cardenales, varios de América Latina. El perfil católico social de Pell es afín al de Francisco. En cuanto al número dos del ministerio, será el asistente y secretario personal del Papa, el maltés Alfred Xuereb. El prelado maltés, secretario privado adjunto de Benedicto XVI, se convirtió en ayudante principal de Francisco. Su nombramiento es una prueba de que quiere a alguien de total confianza. El puesto se había dado ya por asignado al español, Lucio Ángel Vallejo Balda, del Opus Dei. Vallejo Balda es el secretario de la Comisión sobre los problemas económico-administrativos de la Santa Sede: el grupo de trabajo creado por el pontífice en 2013 para estudiar las reformas necesarias al organigrama vaticano. Resultaba por ello lógica su incorporación a la estructura creada y de ahí la sorpresa. ¿Una simple incompatibilidad de funciones? ¿O indicación de que Francisco tumba las aspiraciones del Opus en las cuentas de la Santa Sede? El secretariado contará con el auxilio de un Consejo para la Economía de 15 miembros (ocho cardenales y obispos y siete expertos financieros laicos). La inclusión de laicos es una medida para traer a más expertos externos al cerrado mundo de las finanzas del Vaticano. La Secretaría se encargará de crear un presupuesto anual para la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano. Entre sus funciones se incluye la planificación financiera y actividades de recursos humanos y otros suministros. También tendrá que presentar un balance detallado de la Santa Sede y del Vaticano. El Papa nombrará un auditor con poder de supervisión. El revisor general tendrá el poder de realizar revisiones de cualquiera de las instituciones que forman la Santa Sede o el Vaticano. Tras la reestructuración seguirá existiendo la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, que maneja los activos financieros e inmobiliarios. Funcionará como banco central del Vaticano. Subsistirá la Autoridad de Información Financiera, organismo supervisor financiero de la Ciudad del Vaticano que regula el Instituto para las Obras de Religión. Este Instituto (IOR) es en realidad el Banco Vaticano si bien no se menciona ese polémico instituto. El pontífice preside dos entidades paralelas distintas. De una parte el Estado Ciudad del Vaticano con apenas 500 ciudadanos. De otra la Santa Sede, ente muchísimo más complejo. Desde ella el Papa es el pastor de mil millones de fieles. La Santa Sede es una especie de ONG pero con personalidad jurídica internacional. Su gobierno es la Curia organizada en dicasterios (departamentos), consejos y congregaciones y un Primer Ministro (secretario de Estado), hoy monseñor Pietro Parolin. Claramente, el actor principal es la Santa Sede. Sin embargo, y pese a ser la entidad menor, la sospecha de jugar un papel de paraíso fiscal ha recaído sobre el Vaticano. La Secretaría de Economía tendrá a partir de ahora autoridad tanto sobre los asuntos económicos de la Santa Sede como sobre los del Estado de la Ciudad del Vaticano. Está claro que el ministerio vaticano no administrará una economía productiva sino flujos de dinero. Esas cantidades no pasan por los organismos financieros internacionales. La nueva superestructura administrará y controlará todas esas instancias. El propósito: asegurar una gestión transparente y eficiente. Para ello deberá ajustarse a los criterios del consejo de Europa. Ahorro, transparencia, planificación, simplificación, son los objetivos. Así como poner fin a los escándalos financieros, constantes sospechas y a las acusaciones de blanqueo de dinero que afectaron la imagen de la Santa Sede. El reto de luchar contra la opacidad financiera e intrigas vaticanas es complejo. Un empeño en el que - justo es reconocerlo - su antecesor Benedicto XVI abrió la vía aunque muchas de sus iniciativas fueron frenadas por sus colaboradores. Por el bien de la Iglesia es de esperar que a Francisco no le tiemble el pulso.