Cristóbal Montoro afirma que no quiere que el impuesto a la banca en función de su volumen de depósitos, que establecieron Andalucía, Extremadura, Canarias, Cataluña y Asturias y que su departamento convirtió en estatal, se convierta en motivo de confrontación. Esta actitud representa un cambio de planteamiento del Ministerio, que inicialmente estableció un tipo cero estatal para neutralizar el tributo y el pasado mes de marzo lo elevó al 0,2 por 1.000, con el objetivo de compensar a las CCAA, que ya habían contado con este ingreso en sus presupuestos de 2013. En el cambio de orientación de Hacienda ha influido la sentencia del Tribunal Constitucional que el pasado mes de julio permitía a Asturias cobrar el impuesto, a pesar de que dejaba para más adelante pronunciarse sobre el fondo del asunto. También la Comisión Europea se ha pronunciado favorablemente y la banca lo ha acabado aceptando como un mal menor. No cabe engañarse al respecto, el impuesto a la banca con toda probabilidad acabará repercutiendo en los clientes. Además, aunque se establezcan unos tipos muy bajos, las entidades financieras están saliendo todavía de una dura prueba, que ha menguado su negocio en un 5 por ciento en los seis primeros meses de este año. El proceso de saneamiento de las entidades financieras le ha exigido realizar importantes provisiones y todavía se preparan a afrontar en 2014 nuevos test de estrés y la adaptación a las normas de Basilea III. La eficacia recaudatoria de este impuesto aun está por probar pero puede ser una fuente de recursos para las CCAA. Aumentar la capacidad tributaria de las autonomías es una asignatura pendientes que debe arreglar el nuevo sistema de financiación.