La ampliación del Aeropuerto de Barajas, en Madrid, ha supuesto muchos quebraderos de cabeza, tanto si se mira desde el punto de vista institucional -proyectos, inversiones, plazos...- como desde el vecinal. Indudablemente, la raíz de los problemas que ahora presenta la flamante Terminal 4, un año y medio después de su apertura, reside en su proyección y desarrollo. Resulta imposible no preguntarse cómo en una obra que le ha costado a las arcas del Estado nada menos que 6.200 millones de euros no parece haberse tenido en cuenta el impacto medioambiental ni las consecuencias que pueden acarrear las operaciones aeroportuarias. De momento, en el municipio madrileño de Alcobendas ya han citado a declarar a directivos de Aena, del Aeropuerto de Barajas y de Aviación Civil, por un posible delito contra el medio ambiente. La implicación de la Unión Europea, del Parlamento comunitario en primera instancia y consecuentemente de la Comisión, indican que el tema podría ser más grave, una señal de que las molestias que el tráfico aéreo y su polémica autopista aérea 332 crean a quienes viven cerca del aeropuerto pueden ser algo más que una pataleta enrabietada. De hecho, hay 30 pueblos de la zona Norte de Madrid que están enfrentados al Ministerio de Fomento por este motivo, un detalle que no debe ser pasado por alto. Es prioritaria una investigación rigurosa sobre si se están cumpliendo los requisitos mínimos de salubridad acústica. En caso de que se demuestre que no es así, más allá de depurar responsabilidades las autoridades deberán evitar la dilación excesiva en el restablecimiento de los derechos de los ciudadanos afectados. Y, sobre todo, deben aprender de los errores y mejorar los controles para que algo así no se vuelva a repetir.