La empresa de componentes de automoción Delphi sigue adelante con sus planes de echar el cierre en la planta que tiene en Puerto Real, en Cádiz. Esta circunstancia amenaza con dejar en la calle a sus 1.575 empleados. El Gobierno y la Junta de Andalucía han mostrado una cierta sensibilidad y siguen buscando soluciones para que los trabajadores afectados no se queden sin empleo, pero no da la impresión de que se esté llevando el proceso por el buen camino. El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, ofreció una información pormenorizada de los cimientos sobre los que se asentaría una hipotética solución. Lo hizo además en actos de partido y antes incluso de comunicárselo a los propios sindicatos. Fernández afirmó que una empresa catalana, con 20 centros de producción en España dedicados a la automoción, asumiría un bloque de hasta 700 trabajadores de Delphi. Esa empresa es Ficosa y su presidente, Josep María Pujol, asegura que si bien fue tanteada por responsables económicos de la Junta de Andalucía, no se plantea asumir una plantilla de 700 personas. Es por tanto una hipótesis vacía de contenido que no hace sino aumentar la preocupación de los afectados. La gestión de la crisis que está haciendo la Administración no está dando los resultados esperados desde que Delphi anunció que se iba. Ni los ayuntamientos afectados ni los propios trabajadores se han visto apoyados en la búsqueda de soluciones. Los poderes públicos deberían ser más serios y diligentes, y sobre todo más transparentes. Es un proceso complicado, del que se deberían medir los tiempos en función de los avances que se vayan logrando en defensa de los empleos, y no respirar al son del calendario electoral para tratar de ganar tiempo. Es un juego que no beneficia a nadie.