Por increíble que parezca, invertir en sellos a cambio de una rentabilidad fija y periódica marcada por la cantidad de dinero aportada y unos baremos establecidos de antemano, no es una actividad financiera, sino mercantil o comercial. Al menos así lo marca el proyecto de Ley de Bienes Tangibles, muy protestado al principio por las comunidades autónomas y las asociaciones de consumidores y usuarios, pero que, de repente, se da por aceptado. No es que en la nueva redacción de los escasos siete folios que ocupa el proyecto de ley se haya cambiado algo, es que el Gobierno, de forma paralela, ha abierto una línea de crédito para que los 400.000 perjudicados puedan sobrevivir con algo del dinero perdido lo antes posible. No son ayudas, pues no lo entendería el resto de la población, pero sí un dinero que puede llegar, como mucho, a la cuarta parte de lo que se perdió, que es lo que los expertos dicen que valen ahora Fórum y Afinsa. Es decir, un proyecto de ley a modo de parche con un paquete de dinero para callar protestas, que no llegará a nada. Eso, en lugar de preguntarse de verdad si el desfalco se pudo evitar, si el Gobierno (el que fuera) debió legislar cuando pudo y no lo hizo, si el mal provocado con la intervención judicial no es mayor que el que se quiso evitar, entre otras muchas incógnitas. La nueva ley obligará a tener avales para invertir en sellos, bosques, arte u otros bienes tangibles, pero sin un sistema protegido como el que tienen los negocios financieros. El control será además cosa de las autoridades autonómicas de Consumo, que nunca han querido saber nada de esto. Eludir responsabilidades con una legislación más que dudosa y no poner las bases de futuro de este negocio, es no aprender de los errores y dejar la puerta abierta a que haya más escándalos filatélicos o similares.