Tanto el Ministerio de Vivienda como la iniciativa privada han percibido un aumento en el número de alquileres desde que se anunciase el canon a los inmuebles desocupados en el País Vasco y su expropiación en Cataluña. Tan sólo un dato: mientras que en 2006, su primer año de vida, la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) -dependiente del Ministerio- logró que se firmasen 2.000 contratos, en los dos primeros meses de este año el organismo ya ha obtenido la cifra de 1.000. Podríamos concluir que el miedo se ha instalado entre algunos propietarios de los tres millones de viviendas vacías que existen en España. Y probablemente sea verdad, pero lo realmente significativo es que los propietarios han optado por la vía más lógica. Además de la dudosa legalidad de obligar a los dueños a renunciar a su derecho a la propiedad, se da un dato que puede arrojar luz: el Plan de Fomento del Alquiler Garantizado, una iniciativa de la patronal de las inmobiliarias -y por tanto con carácter privado-, ha conseguido en sólo tres meses 18.000 contratos, seis veces más que lo obtenido por la SPA en 16 meses. ¿A qué se debe este éxito? A que han incorporado en sus contratos mecanismos que ofrecen garantías jurídicas a los propietarios: el arbitraje en caso de conflicto, un seguro que llega a cubrir hasta 12 meses de alquiler y asesoramiento legal. También la SPA cuenta con este tipo de garantías, pero su intervencionismo sobre el precio retrae a los propietarios de viviendas; de ahí las pírricas cifras. El Plan puesto en marcha por la patronal ha mostrado al Gobierno el camino a seguir: avanzar en mayores y mejores garantías jurídicas y abandonar absurdas fijaciones por alterar el libre mercado.