Se cumplen nueve meses desde que estalló el escándalo de las sociedades Fórum Filatélico y Afinsa. Por un lado, el proceso penal sigue su curso: según la Fiscalía, parecen existir evidencias de blanqueo de dinero en el caso de Fórum y de que ambas empresas sobrevaloraron sus sellos. Respecto a la vía concursal, la valoración de Fórum ya se ha realizado y la de Afinsa se presentará a lo largo del mes de marzo. Sin embargo, es en el marco regulatorio donde no se producen avances significativos, porque la ley sigue sin cubrir el vacío jurídico de las sociedades de inversión en bienes tangibles. De momento, la regulación considera a estas entidades como sociedades mercantiles y no como negocios financieros, pese a que éste fue el principal motivo de que Fórum y Afinsa escapasen a cualquier control. En este sentido, el Ministerio de Economía prefiere imponer nuevas obligaciones que traten de mejorar la transparencia de este tipo de sociedades, en vez de incidir en el aspecto más esencial para solventar este problema: la propia naturaleza de la actividad y a quién correspondería su supervisión. De hecho, la intervención judicial se basó en la consideración, por parte de la Agencia Tributaria, de que Fórum y Afinsa funcionaban como entidades financieras. Aun así, estas empresas continúan bajo el paraguas del Ministerio de Sanidad y Consumo, cuyas competencias al respecto están transferidas a las Comunidades Autónomas. El complicado entramado autonómico tendrá que hacer frente a una tipo de actividad que, en numerosas ocasiones, traspasa las dimensiones regionales. Tras nueve meses, el Gobierno debería ya haber dado los primeros pasos en la dirección correcta para cambiar esta situación, tanto con la legislación adecuada, como con las ayudas prometidas.