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El Govern aprovecha vacíos legales para avanzar hacia la independencia

  • Las instituciones españolas difícilmente podrán paralizar las leyes de Hacienda y Seguridad Social al no haber un texto jurídico detrás
El Parlament, votando el pasado 9N. Imagen: EFE

Han pasado casi dos meses desde que las elecciones generales dejaron el Congreso de los Diputados en un impase de desgobierno. En lo que Pedro Sánchez busca conjugar una aritmética parlamentaria más que complicada, Albert Rivera y Pablo Iglesias se entrecruzan vetos y Mariano Rajoy mira la partida desde la barrera; la Generalitat de Cataluña sigue su andadura hacia la independencia.

Con sigilo y buscando los vacíos legales de la Constitución, el independentismo está ganando batallas silenciosas. Desde hace años, Cataluña vive prácticamente en una lógica paralela a la española y poco ha importado que el Tribunal Constitucional haya inhabilitado consultas o leyes, ya que la Generalitat siempre ha acabado encontrando el camino para burlar las sentencias y lograr sus objetivos primordiales.

Y esta historia se puede repetir con las leyes de Hacienda, Transitoriedad Jurídica y Seguridad Social de la futura República Catalana. La semana pasada se iniciaron los trámites para ponerlas en marcha y ni para Mariano Rajoy, ni para las instituciones españoles va a ser fácil pararlas.

El anticipo de la consulta del 9N

La consulta del 9N sentó un precedente. Pese a la impugnación por parte del Constitucional, se pusieron urnas y la Generalitat cumplió lo prometido.

La que se vive ahora es una situación pareja. Un año después de esa consulta, el Parlament ha aprobado una resolución rupturista que da inicio a "la desconexión" con las instituciones y legalidad española. Uno de los mandatos que preveía este texto era la aprobación de las leyes tienen que dar inicio a las estructuras de estado del futuro estado catalán en un plazo de treinta días.

El Tribunal Constitucional, prácticamente de forma inmediata, anuló esta resolución y avisó personalmente al president Artur Mas, la presidenta del parlamento, Carme Forcadell y a otros 19 cargos de la Mesa y el gobierno de Cataluña. Esta notificación supuso una clara amenaza de inhabilitación, que sería posible gracias a la reforma express del Constitucional realizada por el PP, y que arma de poder al alto tribunal para ejecutar las sentencias sin depender de otros órganos.

Aunque la resolución sigue paralizada, en las últimas semanas JxSí y la CUP no han dudado en seguir con su hoja de ruta y constituir las comisiones legislativas, entre ellas la que se encargará de esbozar la futura carta magna catalana.

El Gobierno español ya ha encargado los informes jurídicos para vetar la tramitación de estas leyes y recurrirá al Constitucional la consellería de Exteriores. Pero paralizar las leyes puede ser complicado, tal como explica el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, Josu de Miguel: "No hay una proposición de ley ni un texto sobre el que sentar jurisprudencia".

El vacío legal que han encontrado JxSí y la CUP para cumplir la resolución sin mancharse las manos tiene una fórmula cuanto menos rebuscada. El texto que han registrado en el Parlament se limita a pedir una ponencia donde se debatan estas leyes en el marco de comisiones ya existentes y perfectamente constitucionales.

El subterfugio del nombre

La Generalitat tiene competencias para tener comisiones de Economía, de Empleo y de Gobernación y de Administraciones Públicas y Vivienda, que es donde se debatirán estas leyes. De Miguel explica que "se abre una situación nueva, ya que es evidente que se está dando continuación a la resolución suspendida". Legalmente, es complicado combatirlas porque "hasta que no hayan leyes aprobadas o comisiones 'ad hoc', ¿contra qué se ataca?", afirma.

En ese sentido, el plan de Junts pel Sí es claro y ni siquiera disimulan para esconderlo. La diputada de JxSí en el Parlament, Marta Pascal, ha explicado en una entrevista que para burlar una posible impugnación, el nombre de las leyes que se han registrado no se corresponde con el que figuraba en la resolución suspendida.

Otra de las cartas que juegan los independentistas frente al Constitucional y su última reforma express es su derecho de inviolabilidad. Este derecho dice que los políticos no pueden ser castigados "por sus actos, votos u opiniones". Al no haber proposición de ley, el debate como tal no se puede prohibir, como ya pasó con el debate previo a la propia resolución, que a pesar de ser recurrido ante el Constitucional, rechazó suspenderlo. Esta carta abre la puerta a que los independentistas se vuelvan a salir con la suya, ya que su plan es aprobarlas a final de legislatura, cuando tengan las estructuras listas y procedan a una declaración de independencia que daría paso a unas elecciones constituyentes.

No es cuestión baladí que estas leyes se vayan a discutir en comisiones legales. Fuentes de la CUP reconocen que "se han asegurado tener mayoría independentista en estas comisiones para poder admitir las proposiciones de leyes que interesen". Cataluña sigue su lógica paralela donde sus gobernantes interpretan que la legalidad catalana prevalece por encima de cualquiera.

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comentariosforum5

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Les deseo que se estrellen.

Puntuación 10
#1
FMB
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Muy bien, pero tarde o temprano tendrán que dar el salto, es decir.... dejar de cotizar en la Seg. Social lo que supone la pérdida de la futura pensión, dejar de ingresar el IVA y demás impuestos, dejar de estar financiados por España, asegurar el cobro de las pensiones de los catalanes...y un muy largo etc...

Será la realidad la que se imponga, el papel lo soporta todo y las argucias legales no valen con una realidad que será inflexible....

Puntuación 10
#2
SAM
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con el chollo de la independencia estos jerifaltes de la generalitat se llevan jubilaciones de oro

Puntuación 6
#3
FMB
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Tarde o temprano tendrán que dar el salto..., el papel lo soporta todo y de momento van tirando con estas argucías legales, pero llegará un momento que tendrán que dejar de ingresar las cotizaciones de la Seg. Social, para ingresarlas en la suya, adeu a las futuras pensiones, lo mismo con el IVA y demás impuestos...., la inseguridad jurídica será tremenda, la financiación de España, también adeu, una Generalitat endeudada, corrompida, sin credibilidad, al margen de la Ley..... Suerte, la vais a necesitar....

Puntuación 6
#4
kkita
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El fascismo español y el fascismo catalán, fomentando el odio cultural el primero, y fomentando el odio ideológico el segundo, están emperrados en arruinar Cataluña (a través del expolio fiscal desde Madrid, para devolvernos migajas a los españoles que vivimos en Cataluña) y por extensión arruinar España, y ello debido a la incompetencia de ambos, pues ambos viven del presupuesto público y no conocen otra forma de hacerlo. Son escoria.

Puntuación -4
#5