El Ministerio de Defensa ha ordenado reactivar la venta de las 400 bombas de precisión a Arabia Saudí poco más de una semana después de que Margarita Robles confirmara que había iniciado los trámites para paralizar el contrato de venta de armamento. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha confirmado la venta esta mañana tras no detectar "ninguna irregularidad".

La polémica ha tenido al ministro Borrell colgado del teléfono varios días para tratar de calmar las aguas, hasta que finalmente el Gobierno de Sánchez ha decidido desautorizar a Defensa y blindar la venta de los explosivos de precisión láser.

La medida persigue salvar el millonario contrato que Navantia logró cerrar a mediados de año. Y es que, el Arabia Saudí amenazó con romper el acuerdo firmado con el astillero estatal para la construcción de cinco corbetas por unos 1.813 millones de euros.

El temor a que el contrato se cancelara llevó a los sindicatos del astillero en Cádiz a movilizarse y exigir a Robles una rectificación y su dimisión para asegurar la carga de trabajo, que dará empleo a 6.000 personas hasta 2022 en una de las provincias con más paro de toda España.

Pese a que la portavoz del Gobierno Isabel Celaá aseguró el viernes pasado, tras el Consejo de Ministros, que "la decisión no estaba tomada" y que el "contrato seguía en marcha", lo cierto es que Defensa en ningún momento se ha retractado públicamente y esta semana se ha limitado a asegurar que "su cancelación" estaba en estudio y a confiar en el respeto de Arabia Saudí por la seguridad jurídica para que no rompiera el contrato. "Un país serio, como es Arabia Saudí, sabe distinguir una cosa de otra", aseguró la ministra. "No van vinculados, porque jurídicamente no lo pueden estar", recalcó Robles.

Negociación de Borrell

El Gobierno de Pedro Sánchez consideraba que para garantizar el contrato de Navantia con Arabia Saudí la prudencia y las conversaciones diplomáticas, sin levantar ruido, son la mejor estrategia. Sin embargo, desde Andalucía la situación se veía bien distinta.

Los sindicatos del astillero admitieron que la Junta de Andalucía les había incitado a agitar la situación para poder resolver el problema. "Hemos hablado con el Gobierno andaluz y nos han dicho que mantengamos la presión, que ellos se encargarán de hacerla llegar a Madrid", aseguró, sin rodeos, el portavoz del comité de empresa de Navantia, Jesús Peralta.

De todas formas, las declaraciones oficiales de la presidenta andaluza, Susana Díaz, fueron desde entonces mucho más sosegadas. "Confío en la palabra del presidente del Gobierno, que ha garantizado la continuidad del contrato", afirmó.

Por su parte, los trabajadores esperaban noticias de la comitiva de directivos de Navantia que el pasado domingo emprendió viaje hacia Arabia Saudí para intentar solventar la crisis. Aunque las fuentes oficiales de la empresa de la Sepi aseguraron que se trataba de un viaje ya previsto, los sindicatos confirmaron que el resultado de la negociación era vital para su resolución.

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