La Junta de Extremadura investigará también los cursos de formación de 2008 a 2010

Mérida, 27 mar (EFE).- La Intervención General de la Junta de Extremadura iniciará una investigación sobre los 30 millones de euros adjudicados en los cursos de formación para ocupados, de 2008 a 2010.

Así lo ha solicitado hoy la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Este procedimiento es el paso siguiente a la denuncia que este martes interpuso el Gobierno de Monago ante la Fiscalía contra la corrupción y la criminalidad organizada.

Esto se produjo tras haber detectado en los cursos de la convocatoria de 2011 un supuesto fraude a "gran escala" cometido en las facturaciones de la patronal Creex, los sindicatos UGT y CCOO, y Confederación de Entidades para la Economía Social y Autónomos (Cepes).

El Sexpe ha solicitado hoy de forma oficial a la Intervención General que abra dicha investigación, al sospechar que entre los ejercicios de 2008 a 2010 también se pudo incurrir en supuestas prácticas fraudulentas contra la Hacienda Pública.

Esas convocatorias estaban reguladas por el mismo decreto de 2008, que estuvo en vigor hasta que en 2012 el Gobierno de Monago, "ya con plena capacidad jurídica para actuar en esta materia, lo suprimió y sustituyó por otro que modificaba el modelo para hacerlo más riguroso y estricto", ha explicado la Junta.

"Desde ese año -ha subrayado- no sólo se reducen significativamente las cuantías de las ayudas, sino que pasa a ser la Administración regional la que controla y revisa todo el proceso de la justificación de dichos cursos de una manera mucho más exhaustiva".

El Gobierno de Extremadura ha recordado que la investigación de la convocatoria de los cursos de formación de ocupados de 2011 se lleva realizando desde julio de 2014 "con el conocimiento desde ese momento" de la Creex, CCOO, UGT, Cepes y resto de entidades beneficiarias.

A todas ellas, según ha detallado la Junta, el Sexpe les informó que se realizaría una auditoría del 10 por ciento de lo concedido y les ha ido requiriendo toda la documentación para justificar estas subvenciones, que han aportado.

También se les ha remitido el informe provisional de la auditoría para que realizasen las alegaciones y subsanaciones oportunas.

Por último, el Gobierno regional ha solicitado a todos los partidos que condenen el supuesto fraude como en otras comunidades autónomas.