Plataforma ve "presiones" a alcaldes por la privatización, aunque no amenazas

Madrid, 7 feb (EFE).- La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, integrada por entidades políticas, ecologistas y vecinales, considera que hay "presiones" a los municipios madrileños para que apoyen la privatización, aunque no amenazas con cortar el suministro de agua.

La polémica ha surgido tras denunciar hoy el portavoz adjunto del PSM en la Asamblea de Madrid, José Quintana, que la vicepresidencia del Gobierno regional y el Canal han "presionado" como mínimo a seis alcaldes para que firmen el convenio de privatización, bajo la "amenaza" de cortarles el suministro de agua.

Por su parte, el Canal ha exigido al Partido Socialista que rectifique las "graves" acusaciones que tildan de "rotundamente falsas e injuriosas".

Según fuentes de la Plataforma, las "presiones" de las que han tenido conocimiento y que se han hecho "incluso a municipios gobernados por el PP", se basan en "la ruptura de los convenios con el Canal, por los que los Ayuntamientos pagan a plazos, de 10 a 25 años, las obras de mejora de las infraestructuras de suministro a los municipios".

Estas obras "se cobran a los ciudadanos en cuotas suplementarias, a precios bajos y soportables", y el simple riesgo de ruptura de estos convenios "repercute en la autonomía municipal", porque el Consistorio "tendría que devolver todo ese dinero al Canal, lo que sería la ruina para muchos ayuntamientos", han explicado a Efe las mismas fuentes.

Según el artículo 5 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, los municipios que tengan en vigor algún convenio de distribución con el Canal y que no hayan suscrito, antes de la privatización, el correspondiente convenio de incorporación al nuevo modelo de gestión, "percibirán temporalmente una cantidad anual por habitante" hasta "la resolución y liquidación de los convenios de encomienda de servicios vigentes".

La Ley establece que "el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II podrán desistir libremente" de tales convenios, cuya liquidación implicará "la entrega de la red y el traspaso de la gestión a favor del Ayuntamiento y el pago de las cantidades respectivamente adeudadas, incluidas las inversiones pendientes de amortización".

Para la Plataforma, el texto de la Ley "ya es en sí mismo una forma de presión", por lo que siete ayuntamientos de la región, que engloban a casi 780.000 habitantes, presentaron el 19 de diciembre en la Asamblea de Madrid una Iniciativa Legislativa contra la privatización.

San Fernando de Henares, Rivas-Vaciamadrid, Coslada, Getafe, Leganés, Fuenlabrada y Colmenarejo buscan con la Iniciativa "anular las disposiciones legales que permiten la privatización del Canal" que, aseguran, se está haciendo "con opacidad informativa" y traerá "un incremento de las tarifas y el empeoramiento del servicio".

Desde la Plataforma advierten del riesgo de que el capital privado "supere el 49% que dice la ley" en la nueva sociedad, ya que, del 19% de capital reservado a los ayuntamientos, "la Comunidad les ha ofrecido la posibilidad de vender hasta un 70% de ese porcentaje, que iría parar a manos privadas".

Entre los integrantes de la Plataforma, figuran IU-CM, Equo, Ecologistas en Acción, Attac, el Comité de empresa del CYII, CCOO de Madrid o la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).