Mérida, 24 jun (EFECOM).- La Junta de Extremadura ha destacado hoy que el conocido como impuesto ecológico a las eléctricas sigue vigente en la Comunidad, a pesar de que el Tribunal Constitucional ha fallado en contra de la primera normativa que el Gobierno extremeño formuló al respecto, en 1997, y que posteriormente fue modificado en el año 2005.
El consejero de Hacienda y Presupuesto, José Martín, y la consejera Portavoz, Dolores Pallero, comparecieron hoy en rueda de prensa, tras tener conocimiento en la tarde de ayer de la sentencia del alto tribunal sobre la Ley 7/1997, que estimaba una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la empresa Endesa.
Ante esta ley extremeña, el Gobierno de José María Aznar presentó un recurso de inconstitucionalidad que fue retirado posteriormente por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, tras pactar con la Junta de Extremadura la posterior reforma de 2005, que entró en vigor el pasado mes de enero.
El recurso de la Administración central fue retirado a cambio de que se introdujeran una serie de modificaciones en la ley para que ésta tuviera todos los visos de constitucional, lo que se acometió a través de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2005, explicó Dolores Pallero.
Con respecto al fallo del Tribunal Constitucional conocido ayer, Martín lo consideró "polémico y controvertido", ya que únicamente cinco de los diez magistrados que dirimieron la cuestión votaron a favor de la inconstitucionalidad por entender que se daba una doble imposición IBI-impuesto ecológico a las eléctricas.
Un sexto magistrado, Manuel Aragón Reyes, cuya postura sirvió para dirimir el resultado de la cuestión de inconstitucionalidad, votó a favor del fallo aunque en su voto particular aclaró que no compartía el razonamiento de la sentencia pues consideraba que la doble imposición se produce con el IAE, según explicó el consejero.
Martín insistió en lo controvertido de la sentencia del TC, ya que hizo hincapié en que "quien decide que el fallo vaya en un sentido no está de acuerdo en la fundamentación en la que se basa ese fallo".
La ley 7/1997, declarada ahora inconstitucional, entró en vigor en 1998 y ha estado vigente hasta el año pasado, pero José Martín no quiso pronunciarse sobre las consecuencias económicas que para la Junta tendrá el fallo judicial con respecto a las cantidades económicas que tributaron las eléctricas en ese periodo de tiempo, algo que dependerá, según la consejera Portavoz, de los recursos de las reclamaciones que quedan pendientes.
Con respecto a la reforma de 2005, los dos consejeros insistieron en que ésta no está sometida a juicio por parte del Tribunal Constitucional y si así fuera en el futuro tendría que ser a través de cuestiones de inconstitucionalidad, pues el plazo de los recursos ya ha concluido.
José Martín reiteró que este impuesto sigue, por tanto, vigente y destacó que está dirigido a "pocos contribuyentes con alto poder económico" con el objetivo de que "quienes utilizan los recursos medio ambientales de Extremadura tienen que contribuir a su mantenimiento, proyección y conservación", por lo que los recursos obtenidos por este tributo se destinan a financiar medidas ambientales.
Por su parte, Dolores Pallero defendió esta ley dentro de la "política fiscal de izquierdas" del Gobierno extremeño, que considera que debe "pagar quien más tiene".
Agregó que resoluciones judiciales como la conocida ayer ponen de manifiesto que "a veces" éstas "no son fruto más que de un cachondeo", ya que el magistrado que dirime la cuestión, insistió, afirma que "es difícil sustentar, como se hace en la sentencia, la inconstitucionalidad del impuesto extremeño". EFECOM.
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