Madrid
La idea de que Europa prohibiría las retrocesiones duró poco en el imaginario colectivo. La nueva Retail Investment Strategy (RIS), aprobada el pasado 24 de mayo, que busca reforzar la protección del inversor minorista y fomentar su participación en los mercados de capitales, optó por mantener el statu quo al no recoger de manera expresa un veto total a los incentivos en la venta de productos de inversión, pero sí una prohibición específica en las transacciones de solo ejecución, es decir, de aquellas que no conllevan asesoramiento. Aún así, esta prohibición pone en riesgo unos 2.070 millones de ingresos recurrentes en la industria, según cálculos de la consultora finReg.
La estimación incluye el impacto de ese veto parcial tanto en los fondos de inversión como en los seguros, en los que suelen realizarse ventas informadas en vez de asesoradas, y en los planes de pensiones. Aunque estos últimos no estarían inicialmente dentro del alcance del borrador de la RIS, "entendemos que es probable su aplicación efectiva por analogía", explican desde esta firma. De esta forma, los ingresos que se verían amenazados solo en la pata de los fondos rondarían los 1.340 millones, mientras que en los seguros la cifra se situaría en los 330 millones, y en los planes de pensiones superaría los 400 millones.
Pese al impacto en las cuentas de las entidades, es probable que esta medida redunde en "un sector con más productos de terceros, con productos de más calidad, en una mayor penetración de la gestión pasiva y en un servicio de asesoramiento de mayor calidad", explica Jorge Ferrer, socio de finReg.
En cambio, en los supuestos en los que se permita el cobro de incentivos, como en el asesoramiento no independiente, se prevé también una revisión de lo que significa ofrecer una calidad del servicio, exigiendo más información y explicación sobre los incentivos y su impacto en la rentabilidad de los productos. Además, la nueva definición que hace la norma del asesoramiento implica dejar atrás la recomendación por productos, al exigir que se debe incluir en la evaluación una amplia gama de ellos, y que vaya calando la idea de un asesoramiento global más ligado a la planificación financiera.
Esta normativa, que la Comisión Europea quiere tener lista a finales de 2025, aunque podría retrasarse hasta principios de 2026 en opinión de finReg, introduce otras novedades significativas que también afectarán a los modelos de negocio de las firmas de inversión. Una de las más relevantes es que deberán incorporar en sus procesos de aprobación de productos el análisis del pricing process o del value for money, que implican que tanto las fábricas de productos como sus distribuidores tengan en cuenta a la hora de fijar los precios los benchmark o índices que publicarán ESMA y EIOPA sobre costes y rendimientos.
Sobre el papel, aquellos productos que no entren dentro del rango de ese índice de referencia no podrán ser aprobados ni distribuidos. Esta nueva exigencia podría llegar a limitar la distribución de determinados productos, que por sus características no se consideren adecuados en comparación con dichos benchmarks.
Otro cambio que introduce la RIS es que flexibiliza los criterios por los que las entidades pueden clasificar a sus clientes minoristas como profesionales. En el caso de aquellos que soliciten convertirse en estos últimos, se reduce el patrimonio hasta los 250.000 euros, con determinadas condiciones.
Reacción de la industria
Pese al mantenimiento de los incentivos en la distribución de fondos con asesoramiento, con todas las particularidades que introduce la norma, la Comisión Europea se guarda el derecho de revisarla tras analizar su funcionamiento, lo que ha dado alas a que se interprete como una posible prohibición total entonces. Pero la industria de inversión ya ha advertido de que focalizar la regulación en los costes puede significar que los inversores prioricen los más baratos en lugar de tener en cuenta otros que "potencialmente pueden tener más valor", lo que iría en contra de sus intereses", aseguran en un comunicado conjunto las principales asociaciones implicadas en la industria de inversión europea, como Efama.
Además, el control de precios a través de benchmarks supondría "amenazas significativas" para el desarrollo de productos innovadores, especialmente en segmentos nuevos de inversión que "carecen de datos de precios históricos", lo que tendría un "impacto negativo en el atractivo de los mercados de capitales de la Unión Europea".
Y consideran que el plazo de implementación de la nueva regulación "haría imposible su cumplimiento en los plazos previstos".
Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, aseguró ayer durante la clausura de la asamblea anual de la asociación, que la limitación de precios es más propio de sectores oligopolísticos y que se deberían considerar factores subjetivos que afectan a la hora de elegir unos productos u otros, como el prestigio de una marca. "El inversor debe contar con libertad de elección para seleccionar servicios, fondos de inversión y la forma de pago, explícita o implícita", planteó.
El 'problema' del rescate de los planes a los diez años
Una de las preocupaciones de la industria de inversión española respecto a los planes de pensiones, aparte del desarrollo de los planes de empleo de promoción pública, es el supuesto especial de liquidez a los diez años que empezará a operar a partir de 2025, por el que se podrá rescatar lo invertido si cuentan con ese período mínimo de inversión sin tener que alegar nada más. Desde Inverco aseguran que están en juego 64.000 millones de euros y que este supuesto sobra, ya que afectaría a la liquidez de los fondos de pensiones y su rendimiento, una situación parecida a la que vivió el año pasado Reino Unido con la tensión en la deuda pública.
