El Valedor do Pobo pide a la defensora europea que defienda al naval gallego

En su documento, el Valedor califica de "dramáticas" las posibles repercusiones económicas y sociales que la devolución del tax lease supondría para el sector naval y el conjunto de la sociedad gallega.

Por ello, informa en un comunicado de que ha iniciado una queja de oficio tras la apertura, por la Comisión Europea, del expediente sancionador contra España a consecuencia de la posible vulneración de la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado mediante la aplicación del régimen fiscal conocido como tax lease.

Ahora dirige el mismo a la defensora europea para demandar que cumpla con sus competencias de control de la Comisión Europea e interceda por el naval gallego ante esta dificultosa situación.

"Acudimos -explica- ante a su institución como órgano imparcial y supervisor de la actividad de las instituciones y órganos de la Unión Europea, solicitándole el inicio de las actuaciones de investigación para dirimir la posible vulneración de los principios de buena administración por parte de la Comisión Europea en el ejercicio del cumplimiento del derecho comunitario sobre competencia".

El Valedor, para rebatir la posición de la Comisión Europea, argumenta que la participación como inversor en el esquema de deducciones fiscales del tax lease no estuvo legalmente limitada a residentes del Estado español, sino que permaneció abierta a cualquier inversor comunitario, por lo que "parece difícil" afirmar el carácter selectivo de las ayudas fiscales "puestas en duda".

Añade que los beneficios fiscales derivados del tax lease no se reconocen exclusivamente a agrupaciones de inversores que financien la construcción de buques en astilleros españoles, sino que se contempla también para la fabricación de navíos en establecimientos ubicados en el resto de la Unión Europea.

Según el Valedor, la posible devolución de las ayudas por parte de los beneficiarios supondría la ruptura del principio de confianza legítima y de la seguridad jurídica en un Estado de derecho.

En este sentido, recuerda que los beneficiarios de las deducciones "accedieron a las mismas amparados en la legalidad vigente y que todas y cada una de las operaciones realizadas contaron con la autorización expresa e individualizada de la Agencia Tributaria española".

Por ello, continúa, "resulta francamente difícil admitir desde una posición coherente con la tutela de los derechos del administrado, que este deba reintegrar, varios años después de su concesión, el importe de unas deducciones fiscales a las que accedió cumpliendo con todos los requisitos marcados por la ley".

El cuarto argumento esgrimido por el Valedor sostiene que es fundamental que la Comisión Europea pueda actuar con discrecionalidad en la defensa de la libre competencia y en la persecución de las distorsiones del mercado interior, pero "para que el ejercicio de este poder no genere arbitrariedad resulta igualmente esencial que se produzca un respecto escrupuloso de los derechos de los administrados", añade.

Así, Fernández Rodríguez señala que en el expediente del tax lease del naval español la protección de estos derechos "queda en duda" porque no se trata de que las empresas se corresponsabilicen de la recepción de ayudas cuando el Estado que las concedió no cumplió con la obligación de notificarlas debidamente.

A su juicio, en el asunto del tax lease la situación de desprotección de los beneficiarios es "aún más aguda puesto que la Comisión alega que las eventuales ayudas concedidas por la administración española son sólo parcialmente ilegales".

"Obligar a un operador económico a realizar el juicio material de determinar qué parte de la ayuda recibida es conforme al derecho comunitario y qué parte no lo es resulta desproporcionado", argumenta el Valedor gallego.

Por último, sostiene que la confianza de los operadores económicos beneficiarios de las deducciones se vio reforzada por la aceptación del esquema de la anterior comisaria y porque Comisión "no reaccionó" ante la denuncia formulada en mayo de 2006 hasta junio de 2011, "dando a entender, con su inactividad durante cinco años, la validez del sistema".