Economía/Vivienda.- Sevilla, a favor de una fiscalía y grupos especiales de la Guardia Civil contra la corrupción

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, aseguró que "el Gobierno debe favorecer que se investigue la corrupción urbanística y que se denuncie poniendo en marcha una fiscalía y grupos especiales de la Guardia Civil".

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, Sevilla explicó que, con el mismo propósito, el Gobierno "debe cambiar las leyes, hacer más transparente la toma de decisiones, sobre todo las vinculadas al urbanismo, y sancionarlas mucho más". "Son pasos adelante para defender a los ayuntamientos y a miles concejales que lo hacen bien y son honestos", añadió.

En este sentido, el titular de Administraciones Públicas destacó la importancia de la Ley de Suelo, aprobada definitivamente el pasado jueves en el Congreso de los Diputados.

La norma, que viene a sustituir la Ley de Régimen del Suelo y que entrará en vigor el 1 de julio, coincidiendo con la constitución de las nuevas corporaciones autonómicas y locales, centra gran parte de sus objetivos en la lucha contra la corrupción.

En esta línea, contiene medidas como la obligación de que las permutas de terrenos y los convenios urbanísticos pasen por los plenos del ayuntamientos, o de que en toda recalificación o aumento de la edificabilidad se haga constar la identidad de los propietarios durante las cinco anteriores.

Además, concejales y directivos tendrán que hacer públicos sus bienes y actividades privadas, y estarán sometidos a limitaciones en el desarrollo de sus actividades hasta dos años después de haber dejado sus cargos públicos. Asimismo, recoge principios de transparencia como la información pública, vía internet, de planes y convenios antes de su aprobación.

Estas y otras medidas han sido motivadas por los casos de corrupción destapados en el último año, entre los que destaca el relacionado con el Ayuntamiento de Marbella. Así, Sevilla recordó "con mucha pena" cuando procedió a su disolución, y concluyó afirmando que "el sistema democrático tiene que ser capaz de articular medidas para evitar que estas cosas sucedan y sancionar a los culpables".