La propuesta de importar a España el concepto de acción de lealtad podría reducir el número de operaciones corporativas a partir del año 2022, cuando se prevé la entrada en vigor de esta nueva legislación –el anteproyecto fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros–, que busca premiar el compromiso a largo plazo de los inversores en las cotizadas. ¿En qué consiste? Básicamente, permitirá que un accionista que lleve más de dos años dentro del capital de una compañía pueda doblar el número de derechos de voto respecto a lo que le otorgaría su posición. Esto implica que accionistas relevantes de una compañía con porcentajes que se acercan al 30% –a partir del cual es obligatorio el lanzamiento de una opa– alcanzarían la mayoría de los derechos de voto –hasta casi el 60%– sin tener que poner sobre la mesa una oferta, y siempre considerando que los minoritarios tienen un peso evanescente. Es decir, los grandes inversores podrán reforzar su posición de control, más aun teniendo en cuenta que los pequeños inversores no ejercen sus derechos, y cuya participación en el capital se desvanece. No obstante, en tanto en cuanto aumente el número de derechos de voto se incrementará también el mínimo para lograr una mayoría, ya que el porcentaje de aprobación se iría más allá del 100%. Esta es la situación en la que se encuentra Qatar Airways en IAG, tras escalar hasta un peso del 25,1% en el capital el pasado mes de febrero. O también del italiano Edizione en Cellnex Telecom, después de haber heredado el 29,9% que controlaba Abertis antes de la llegada de Atlantia [pese a que, en principio, no tiene intención alguna de lanzar una opa]. Otros grandes inversores que saldrían reforzados serían Juan Luis Arregui, presidente de Ence, que controla el 29,443% de la papelera (a través de Retos Operativos XXI); Acek, el holding industrial de la familia Riberas (dueños de Gestamp) que tienen el 14,909% de CIE Automotive –también sin intención de tomar el control–; o el mismísimo Florentino Pérez, que tiene el 12,67% de ACS a través de su sociedad, Inversiones Vesan.En la actualidad, según el anteproyecto de ley que el Gobierno pretende tener listo antes del verano, debe ser el Consejo de Administración de la cotizada el que lleve la propuesta ante la Junta de Accionistas y para lograrlo se requerirá una mayoría amplia de, al menos, el 60% si el cuórum supera el 50%. En caso de que la convocatoria logre una representación de entre el 25% y el 50% del capital, se requerirá el respaldo de, al menos, el 75%.A todos los inversoresLa medida, según confirman fuentes conocedoras, afectará a todos los accionistas de una compañía que cumplan las condiciones para acceder a una acción de lealtad. Esto quiere decir que del mismo modo que Amancio Ortega duplicará los derechos que le da su participación actual del 59,29% (como sucederá en el resto de compañías familiares –ver apoyo), también lo hará BlackRock, que es el accionista significativo más frecuente entre las firmas del Ibex –presente con más del 3% en 17 de las 35, con una participación media del 4,91%–. Sin embargo, es previsible que al tratarse de fondos indexados la firma estadounidense no ejerza sus derechos en las cotizadas. Algo similar podría suceder entre las gestoras de fondos. "No le vemos mucho sentido porque nuestra función no es ser activistas. Entramos en compañías con las que estamos alienadas tanto con el equipo directivo como con su proyecto", asegura una de las mayores firmas de inversión nacionales. La nueva ley obligará a las gestoras a explicar el porqué de sus inversiones en cada compañía.El principal holding financiero cotizado en España, Corporación Financiera Alba, verá también reforzada su posición en Acerinox (donde tiene un 18,958%); en Indra (con un 11,324%) y en Viscofan (11,021%).Las compañías deberán, a partir de que se cumplan dos años desde su entrada en vigor, publicar un registro con los inversores con acción de lealtad. Y, aunque el objetivo de Economía es reforzar el largoplacismo dentro de las cotizadas para evitar la volatilidad, lo cierto es que las acciones de permanencia podrían ayudar a los accionistas más relevantes a ganar cuota de poder en detrimento de los minoritarios, según apuntan distintas fuentes del mercado.