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La Iglesia dice que Uruguay "debe reflexionar y discernir" sobre el asilo de García

Lima, 22 nov (EFE).- El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), el arzobispo Miguel Cabrejos, señaló hoy que Uruguay "debe reflexionar y discernir, y después decidir" sobre el pedido de asilo presentado por el expresidente peruano Alan García, sobre quien pesa una orden de impedimento de salida del país por 18 meses.

Durante una conferencia de prensa en la sede de la CEP, Cabrejos rechazó que en el país exista persecución política y aseguró que "la percepción general es que sí hay un Estado de Derecho".

En esa misma línea se expresó el cardenal Pedro Barreto, quien sostuvo que la única persecución que hay es la "persecución por la Justicia", que aseguró "debe ocurrir con cualquier ciudadano que cometa un delito".

Sobre el expresidente García (1985-1990 y 2006-2011), investigado por el fiscal José Domingo Pérez por la presunta comisión de lavado de activos y colusión agravada, Barreto aseveró que las personas podrían "juzgar (su caso) por sus propios medios".

"Lo que vemos es que hay una contradicción. (García) dijo que no era una deshonra estar en su país. Así que cada uno juzgue", apuntó el purpurado antes de agregar que "el que nada debe nada teme".

García permanece en la residencia del embajador de Uruguay en Lima, Carlos Barros, desde el sábado pasado en que hizo la solicitud de asilo a ese país.

A través de un comunicado leído por su presidente, la CEP lamentó "la grave crisis que afronta el Perú como consecuencia del deterioro de los valores éticos, del silencio cómplice y del blindaje político".

En ese sentido, señalaron que "no se puede tolerar más convivir con la corrupción" y que urge eliminar este flagelo "de forma inmediata".

"La justicia es para todos y nadie debe eludir su responsabilidad ante la ley", apuntaron.

Asimismo, aseveraron que urge la tarea de "recomponer la clase política, consolidar los poderes del Estado en su independencia y autonomía", y velar por que las facultades de Derecho "refuercen la ética de la legalidad para un cambio en la cultura jurídica".

El expresidente García, quien residía habitualmente en España, ha argumentado su solicitud de asilo a Uruguay en que es un perseguido político, solo tras conocer en un interrogatorio que el fiscal Pérez decidió ampliar las investigaciones en su contra por los indicios de que la empresa brasileña Odebrecht le pagó 100.000 dólares por una charla en Sao Paulo en 2012, un año después de terminar su mandato.

Según la hipótesis fiscal, García habría favorecido a Odebrecht en la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, cuyo jefe de obra, Carlos Nostre, declaró ante fiscales que la compañía pagó 24 millones de dólares en sobornos a funcionarios de su gobierno.

El Gobierno peruano comunicó este martes a Uruguay que no existe persecución política "de ningún tipo" contra García porque en Perú "impera la democracia, el estado de derecho y la separación de poderes, así como la plena vigencia de los Derechos Humanos y libertades fundamentales".

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