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El Supremo permite a los embajadores recurrir la expulsión de ciudadanos

  • Asegura que están legitimados para ejercitar una acción judicial
Foto: Archivo
Madrid

El Tribunal Supremo (TS) permite que los embajadores puedan recurrir la extradición de ciudadanos. En concreto, establece que "un embajador, como representante de un Estado, está legitimado para recurrir ante los tribunales del Estado de destino la extradición de un ciudadano de su país sin necesidad de contar con una decisión al respecto de la autoridad competente del estado que representa".

La sentencia, de 9 de julio de 2018, invoca el artículo 3 de la Convención de Viena, que, en su apartado 1, contempla como funciones principales de una misión diplomática "representar" al Estado acreditante ante el Estado receptor, proteger los intereses de su país y los de sus nacionales dentro de los límites permitidos por el derecho internacional, negociar con el gobierno del Estado receptor, enterarse por todos los medios lícitos de los acontecimientos e informar de ello al gobierno de su país, así como fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas entre ambos Estados.

"Este precepto permite entender que un embajador, en su cualidad de representante de su estado en el estado receptor, está facultado para ejercitar una acción judicial como la que nos ocupa, máxime cuando el término proteger, utilizado en el apartado b, difícilmente puede entenderse sin la facultad de mención y cuando en el artículo 25 se prevé que el Estado receptor dará toda clase de facilidades para el desempeño de las funciones de la misión", apunta el magistrado Trillo Alonso, ponente de la sentencia.

El Tribunal Supremo reconoce así la facultad al Embajador de Turquía en España, Ömer Önhon, que interpuso un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de octubre de 2017 por el que se rechazó extraditar al escritor alemán de origen turco, Erdogan Akhnli, reclamado por las autoridades turcas. El Consejo de Ministros se basó en que Alemania le reconoció la condición de refugiado en 1993 y que, posteriormente, le otorgó una protección reforzada al concederle la nacionalidad alemana, después de que las autoridades turcas le retiraran la suya. Al desestimar el recurso, la Sala confirma la decisión cuestionada.

El Abogado del Estado se mostró contrario a la admisión del recurso al entender que "el embajador turco en España carecía de legitimación para interponerlo porque no era la persona que estaba sujeta a la extradición ni constaba que hubiese intervenido en el procedimiento de extradición ante el Ministerio de Justicia ni ante la Audiencia Nacional". Sostenía que "una cosa era el poder de representación, que solo acredita que está facultado para actuar por cuenta del representado, y otra cosa es la decisión de litigar".

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