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El Reglamento de investigación deberá estar listo en seis meses

  • El Supremo alerta de una "inactividad reglamentaria" en la materia

El Tribunal Supremo aprecia en esta sentencia "un claro supuesto de inactividad formal normativa pues la Administración incumple un claro e incondicionado deber legal de dictar normas o disposiciones de carácter general -inactividad reglamentaria-, es decir, la Administración ha incumplido un deber jurídico que viene representado por una actuación de la Administración -por omisión- al margen de las previsiones legales y contribuyendo a que éstas queden sin efecto".

Esta es la primera vez en la que se condena al Gobierno a dictar un reglamento nuevo que reconozca derechos retributivos, también nuevos, a funcionarios y se le marca además un plazo de seis meses para hacerlo, en una ejecución de sentencia que revestirá un indudable interés.

La sentencia, de 5 de abril de 2018, estima el recurso de una veintena de investigadores de organismos públicos contra la inactividad reglamentaria del Gobierno por incumplir su obligación de desarrollo normativo establecida por la disposición final décima y concordantes de la Ley 14/2011 de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y condena al Ejecutivo al cumplimiento inmediato de la obligación de desarrollo reglamentario incumplida en un plazo máximo de seis meses. El ponente, el magistrado Fonseca-Herrero Raimundo, determina que, existiendo un plazo legal para el ejercicio de la potestad reglamentaria, la garantía de la legalidad -artículo 9.1 y 103.1 de la Constitución- y la efectividad de la tutela judicial efectiva -artículo 24.1 de la Norma Fundamental- imponen entender reducida la discrecionalidad de que podría gozar la Administración para el ejercicio de la potestad reglamentaria y efectuar la condena para su efectivo ejercicio en un plazo determinado, sin que con ello la función jurisdiccional traspase sus propios límites y se trasforme en función administrativa. "Es decir, una vez que la Administración ha sobrepasado aspectos legalmente prefigurados para el ejercicio de su potestad, que en este caso limitaban el cuándo de su ejercicio, no es posible que la inercia administrativa quede nuevamente a su discrecional decisión sin que se lesione el interés legítimo de los recurrentes que, no lo olvidemos, tenía un respaldo jurídico evidente y constituido por un título de rango normativo como es la Ley 14/2011", razona el magistrado.

La regulación afecta a 877 funcionarios provenientes de la Escala de Investigadores Titulares de los Organismos de Investigación que, con el sistema anterior a la Ley, no tenían complementos por méritos investigadores -quinquenios- y de excelencia científica del complemento específico -sexenios- que sí estaban previstos en cambio para las antiguas Escalas Científicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

La sentencia cuenta con un voto particular de los magistrados Rodríguez-Zapata Pérez y Toledano Cantero porque piensan que no ha habido inactividad reglamentaria porque el Gobierno no tiene plazo perentorio para desarrollar el régimen retributivo previsto en la Ley 14/2011.

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