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Las personas discapacitadas tienen derecho a ser tratadas

  • Al enviarle a una residencia se le discriminó por edad y minusvalía
Foto: Archivo.

La negativa de una Administración Pública a integrar en un centro especializado por motivos de edad a una persona que padece una discapacidad vulnera el derecho del recurrente a no ser discriminado por razón de edad y discapacidad.

Así lo establece el Tribunal Constitucional en sentencia de 22 de enero de 2018, en la que dictamina que el padecimiento de una discapacidad constituye una circunstancia personal que el artículo 14 de la Constitución protege frente a cualquier forma de discriminación.

El ponente, el magistrado Ricardo Enríquez, considera que debe tenerse en cuenta, además, que el artículo 49 de la Constitución ordena a los poderes públicos poner en práctica políticas de integración de los discapacitados y que España está obligada por los tratados internacionales a los que se ha adherido.

Atención especial

La sentencia declara que se ha vulnerado el derecho a la igualdad del demandante de amparo y declara la nulidad de todas las resoluciones dictadas, administrativas y judiciales. Asimismo, ordena la retroacción de las actuaciones al momento anterior a que la Dirección General competente denegó el servicio de atención especial para personas con discapacidad.

El fallo estima el recurso de amparo de un ciudadano al que, pese a tener una minusvalía psíquica reconocida del 65 por ciento y una situación de dependencia en grado 1, la Comunidad de Madrid le negó la posibilidad de ingresar en un centro especializado en atención de personas con discapacidad por su edad. Por ser mayor de 60 años, le fue concedida plaza en una residencia de la tercera edad, sin posibilidad de recibir un tratamiento específico para su discapacidad.

La decisión anulada se adoptó como consecuencia de la estricta aplicación de una orden de la Consejería de Sanidad de Asuntos Sociales que establece la edad de 60 años como límite para la adjudicación de plazas en centros públicos de atención a personas con discapacidad. Sin embargo, otras normas aplicables, como la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid o la orden dictada para desarrollar la ley de dependencia, contienen normas de exclusión por edad.

Ricardo Enríquez concluye que "el resultado de la aplicación de la primera de las citadas normas autonómicas ha causado al recurrente la pérdida del derecho a la asistencia médica que necesita por su discapacidad psíquica".

En este caso, considera el magistrado, que se ha producido una discriminación múltiple, tanto por edad como por discapacidad, en la medida en que "no va a tener la atención que necesita, tanto para su salud como para su integración social, frente a quienes en su misma situación de discapacidad sí disponen de dicha asistencia únicamente por no tener 60 años".

En este caso, "la exigencia de ajustes razonables pasaba por asegurar la prestación del servicio asistencial adaptado a sus necesidades de discapacidad, máxime cuando la Comunidad de Madrid ha reconocido que dispone de centros para ello", señala el magistrado.

Además, señala que los órganos judiciales que han confirmado las decisiones administrativas tuvieron la posibilidad de evitar el perjuicio al recurrente.

La orden autonómica

El Tribunal aclara que en este caso no se ha planteado la posible inconstitucionalidad de la orden autonómica, sino la de "la negativa de las resoluciones aquí impugnadas en evitar la aplicación de aquella norma de exclusión, pese a disponer de instrumentos jurídicos suficientes para ello". Dichas resoluciones facilitaron que se materializara la situación de discriminación y vulneraron el derecho a la igualdad, protegido por la Constitución Española.

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