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La legislación farmacéutica es competencia del Estado

  • El TSJA anula la normativa que regula la dispensación de medicamentos
Foto: Archivo

La legislación sobre productos farmacéuticos es competencia exclusiva del Estado con carácter exclusivo y, por tanto, también las propias condiciones de dispensación de tales productos, según establece una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía, de 21 de diciembre de 2018.

Así, el Tribunal declara la nulidad de pleno derecho del Decreto 512/2015, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que regula la prestación farmacéutica en centros sociosanitarios residenciales de Andalucía.

Basa su decisión el ponente de la sentencia, el magistrado Rivera Fernández, en el artículo 149.1.16ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la "legislación sobre productos farmacéuticos" y en el artículo 55.3 del Estatuto de Andalucía, que atribuye a dicha Comunidad Autónoma la competencia para ejecutar la legislación estatal en materia de productos farmacéuticos.

Además, recuerda que según la Sentencia del Tribunal Constitucional 98/2004 , por legislación sobre productos farmacéuticos se entiende la ordenación de los medicamentos en cuanto sustancias cuya fabricación y comercialización está sometida al control de los poderes públicos para garantizar los derechos de pacientes y usuarios.

Depósitos de medicamentos

La norma establecía que los depósitos de medicamentos de los centros con 50 o más camas pasaban a depender de los servicios de farmacia de los hospitales más cercanos.

El resto sería atendido por farmacias de su misma Unidad Territorial Farmacéutica seleccionadas por concurso revisable cada dos años. Además, el Decreto incluía como objeto de regulación las condiciones de prescripción, dispensación y suministro de medicamentos y productos sanitarios, incluidos en la prestación farmacéutica, en centros sociosanitarios residenciales extendiéndose a todo tipo de residencias públicas y privadas.

Además, la resolución no se refería a aspectos relativos a prestaciones farmacéuticas ni a su sistema de financiación y así según la propia demandada la resolución se justifica por seguridad de los pacientes y su accesibilidad a la medicación.

Alberto Camas, socio director de Gaona Abogados, que ha llevado la defensa del recurso presentado por un farmacéutico malagueño, explica que "si la legislación sobre productos farmacéuticos corresponde al Estado con carácter exclusivo, es claro que su ámbito de competencia comprende un aspecto tan sustancial como son las propias condiciones de dispensación de tales productos, más cuando lleva conforme a los preceptos señalados a la realización de un juicio, análisis o examen de la peligrosidad o riesgo del producto que exija una particular vigilancia, supervisión y control del equipo multidisciplinario de atención a la salud, que determine la atribución de la dispensación a los servicios de farmacia de hospitales con exclusión de las oficinas de farmacia legalmente autorizadas".

El fallo del TSJA supone un serio varapalo para las medidas de racionalización del gasto farmacéutico adoptadas por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y respalda el modelo de prestación farmacéutica diseñado en la Ley 29/2006, de Garantías y Uso Racional del Medicamento y Productos Sanitarios, donde la oficina de farmacia mantiene su tradicional protagonismo en la dispensación controlada de fármacos y en la atención directa al paciente.

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