El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se mostró ayer esperanzado en que salga adelante su gran objetivo de esta legislatura: lograr un gran pacto que aborde la "inaplazable" reforma de la Justicia, en el que se impliquen el resto de fuerzas políticas y los operadores jurídicos. En este sentido, para Catalá el actual panorama político no parece suponer un problema sino una oportunidad: la necesidad de negociar puede facilitar alcanzar grandes respuestas de Estado.
En una conferencia pronunciada en el club Siglo XXI, en Madrid, el ministro subrayó que la voluntad de consenso se manifiesta en la creación de una subcomisión en el Congreso de los Diputados para estudiar y definir la Estrategia Nacional de Justicia, desde la que se abordarán las reformas pertinentes. En ella, explicó, se contará con la voz y experiencia de los profesionales, colectivos e instituciones implicadas en la Administración de Justicia.
A su juicio, resulta prioritario modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para otorgar la instrucción a los fiscales y revisar el proceso civil para simplificar trámites y mejorar la ejecución de las sentencias. También impulsar la mediación y el arbitraje como soluciones extrajudiciales que ayuden a aliviar la carga de los juzgados y tribunales.
Lexnet en todos los juzgados
Catalá también se mostró decidido a culminar la digitalización de la Justicia, un proceso iniciado el 1 de enero de 2016 y que contó con numerosas críticas por los problemas que registró el sistema Lexnet en su arranque. Según afirmó ante numerosos representantes del ámbito jurídico, confía en culminar la implantación de las comunicaciones electrónicas en todos los juzgados y tribunales.
Finalmente, y en su apuesta por una Justicia más "ágil y abierta", el ministro aseveró que impulsará un nuevo Registro Civil Público, gratuito y electrónico.