Las comunidades autónomas han dado un salto "espectacular" en relación a la transparencia, pero siguen mostrando resistencia a dar total publicidad a los datos relativos a la contratación, las subvenciones, los convenios y los costes de los servicios; áreas de especial sensibilidad por el riesgo de corrupción, irregularidades, despilfarro o gasto ineficiente.
La cuarta edición del Índice de Transparencia de las comunidades autónomas (Incau), elaborado por Transparencia Internacional (TI) España muestra un panorama alentador en relación a la publicidad de la labor de las Administraciones regionales. Ello a pesar de que el barómetro ha endurecido sus criterios de evaluación.
"En plena crisis económica, el salto que se ha dado es grandísimo. Desde 2010, cuando comenzó a elaborarse el Incau, el salto es monstruoso", describió Jesús Sánchez Lambás, del comité ejecutivo de TI-España.
En cinco de las seis áreas medidas por el conjunto de las autonomías obtienen una nota de 95 puntos sobre 100. Sólo la contratación, las subvenciones y el gasto público cae del sobresaliente con una nota media de 89,6 puntos.
"Siempre se ve la misma mancha negra: la contratación administrativa. En este sentido, los tribunales administrativos de contratación pública han sido útiles, pero de entre las buenas notas generales, al llegar a este apartado se observa un escollo", explicó Sánchez Lambás. "No quiere decir que haya voluntad de tapar u ocultar, pero la información que hay sobre estos aspectos es barroca y eso dificulta expurgarla".
Hay cuatro comunidades, no obstante, que se salvan de esta crítica y obtienen un 100 sobre 100 en transparencia en las contrataciones: País Vasco, Madrid, Andalucía y La Rioja.
El País Vasco, la mejor
En la valoración general, el País Vasco es la comunidad que obtiene la mejor puntuación global del índice de transparencia con 100 puntos. Comparten la segunda mejor nota Baleares, Cataluña y Madrid, con 98,1. La Rioja ostenta la tercera mejor valoración -97,5-.
En la parte inferior de la tabla se encuentran Navarra -81,9-, Extremadura -88,1- y Aragón -88,8-.
Uno de los factores que ha influido en esta mejora, según Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del comité ejecutivo de TI-España, es la mayor pluralidad política fruto de los últimos procesos electorales. "Los cambios han sido positivos", observó, "la presión hacia la transparencia es mayor en todas partes".
La nota media que obtienen las comunidades autónomas es de 94 puntos sobre 100. En 2014 fue de 88,6 y en 2012 de 79,9.
En todo caso, desde Transparencia Internacional subrayan que el progreso es notable. En este sentido apuntan que si la diferencia entre la puntuación máxima y la mínima en el Incau de 2014 era de 35 puntos, en la actualidad ha descendido a 20 puntos.
La organización mantiene vías de comunicación permamente con los gobiernos regionales para mejorar la información publicada y los canales de acceso a ella.
"Estamos promoviendo que se facilite a los ciudadanos la solicitud de documentos; que pueda hacerse sin que haya prácticamente ni que identificarse", expuso Villoria, que admitió que en España se detecta un porcentaje muy bajo de ciudadanos que ejercen su derecho de acceso. "Pero no es que los españoles seamos poco cívicos, sino que se requiere mucho esfuerzo para acceder a la documentación".
Portal web y participación
El área que mejor puntación global tiene es la que evalúa la calidad del portal web, las relaciones con los ciudadanos y la sociedad, y la participación ciudadana: 95,9 puntos. Tras ella, en el ejercicio del derecho de acceso, las comunidades obtienen una media de 95,3.
En una materia sensible como la transparencia en ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas, la calificación es de 95 puntos; casi la misma nota que recibe el área de transparencia activa e información sobre la comunidad -94,9-. En información económico-financiera, las regiones reciben 94,1 puntos.