Los fiscales españoles reclaman a los Estados miembros de la Unión que den el impulso definitivo a la creación "de una vez por todas" de una Fiscalía Europea. Un proyecto presentado por la Comisión en 2013, pero que nunca llegó a cristalizar. Este organismo se encargaría de coordinar las investigaciones contra la delincuencia transfronteriza, que desvía cerca de 50.000 millones de euros de los ingresos procedentes del IVA.
"Es preciso atajar el fraude de manera eficiente", asevera el comunicado difundido ayer por la Fiscalía General del Estado, que considera que la creación de un organismo a nivel europeo "dará mayor dimensión a la lucha de la UE contra la delincuencia, haciendo que trascienda de la mera cooperación".
La Fiscalía española subraya los "grandes esfuerzos" realizados para mejorar la cooperación contra el crimen internacional, especialmente los trabajos efectuados en cooperación con el Ministerio Público de otros Estados o con miembros de equipos de investigación de Eurojust -órgano europeo encargado del refuerzo de la cooperación judicial-.
Una colaboración que, no obstante, consideran que "no es suficiente", porque la obtención de pruebas en el extranjero sigue siendo un proceso "demasiado lento" y, en las investigaciones simultáneas, aún siendo más rápidas, también se dilatan "en exceso".
Asimismo, señalan que, "con demasiada frecuencia", los procedimientos de cooperación quedan bloqueados en las fronteras nacionales. Una situación "ajena a la realidad de la Europa actual", en la que impera la libre circulación.
Independiente y eficiente
La Fiscalía Europea sería, tal y como proponen los fiscales españoles, un organismo "fuerte, independiente y eficiente", y estará dotado de las competencias de investigación y fiscalización necesarias. Así, -explican- tendría competencias para actuar en todos los Estados de la UE y combatirá el fraude, la delincuencia organizada y la corrupción de alto nivel. También el desvío de los fondos comunitarios.
En relación a su organización, el documento propone que tenga una estructura única y descentralizada, que garantice una comunicación fluida y sortee los obstáculos lingüísticos.
Su personal podrá actuar en todos los Estados miembros en tiempo real y tomar parte en los intercambios de información, investigaciones policiales coordenadas, congelación e incautaciones rápidas de activos y detenciones, y las operaciones que se efectúen de acuerdo a una estrategia común europea de investigación y fiscalización.
Por último, los fiscales aseveran que se respetarán los derechos de defensa de los ciudadanos al situarse bajo control de los órganos judiciales europeos y nacionales.