
El denominado impuesto de salida -exit tax- destinado a gravar la salida de las grandes fortunas de España, se endurecerá en España, tras la adaptación normativa a la nueva Directiva contra las prácticas de elusión fiscal, que se encuentra en vigor desde el pasado mes de agosto.
Así lo anunció ayer Begoña García Rozado, subdierectora general de Impuestos sobre las Personas Jurídicas de la Dirección General de Tributos (DGT), en el transcurso de su intervención en el XXVI Congreso de la Asociación Profesional de inspectores de Hacienda del Estado.
Explicó García Rozado que será necesario modificar las normas, porque la Directiva amplía los tipos de activos a tener en cuenta, "puesto que se trata de una Directiva muy ambiciosa". Advirtió que se permitirá el diferimiento del pago a los siguientes cinco años, aunque en un primer momento lo que se planteaba era diferir el pago hasta la venta de los activos.
La normativa del Impuesto sobre Sociedades tendrá que introducir otros cambios que constan en la Directiva, como una nueva definición del ebitda, ya que la normativa comunitaria no incluye los dividendos.
El problema es que el cambio pilla a las empresas españolas con unos altísimos niveles de endeudamiento, por lo que se establece un régimen transitorio que prevé que esta novedad solo afectará a los créditos obtenidos a partir del 27 de junio de 2016.
No obstante, para los Estados que cuentan con una norma de limitación de gastos financieros, la normativa en vigor se podrá mantener hasta 2024.
Por otra parte, María José Garde, subdirectora de Fiscalidad Internacional de la DGT, explicó que en noviembre el Foro Tributario Internacional de la OCDE terminará los trabajos sobre los territorios que se consideran colaborativos y los que no para elaborar la lista única de paraísos fiscales.
Mejoras recaudatorias
El secretario de Estado de Hacienda subrayaba que la Agencia Tributaria ha aflorado casi 130.000 millones de euros en bienes y derechos en el extranjero desde que entró en vigor la declaración de bienes en el extranjero -modelo 720-, lo que significa un aumento de 50.000 millones respecto a 2007 en la base imponible del Impuesto de Patrimonio.
Ferre destacó también que la base imponible del Impuesto sobre el Patrimonio se ha elevado en otros 24.000 millones, gracias a lo declarado en la declaración tributaria especial -amnistía fiscal de 2012-, que permitió aflorar patrimonios ocultos sin sanción y a un tipo único del 10 por ciento.
IHE y Fedea estudian realizar un informe periódico sobre el fraude fiscal en España. Con la intención de mejorar los procedimientos de recaudación, la IHE ha comenzado a valorar junto con Fedea la posibilidad de colaborar para realizar de un informe periódico sobre el fraude fiscal en nuestro país.
El inspector Jesús Gascón explicó que "no existe en España un informe de referencia sobre el fraude fiscal o la brecha fiscal -tax gap- más allá de algunas aportaciones académicas aisladas e informes internacionales que no siempre consideran adecuadamente las especificidades de cada país".