
Barcelona, 19 jun (EFE).- El exconseller de ERC en el tripartito Jordi Ausàs se ha convertido hoy en el segundo conseller de la Generalitat condenado a penas de cárcel, al imponerle la Audiencia de Lleida cuatro años de prisión y una multa de 195.000 euros por integrar un grupo criminal dedicado al contrabando de tabaco.
Con esta condena, que es recurrible, Ausàs se convierte en el segundo conseller de la Generalitat condenado a penas de cárcel, después de que el extitular de Economía entre 1982 y 1983 Jordi Planasdemunt (CiU) -ya fallecido- fuera condenado a siete años por una estafa que cometió cuando estaba al frente del Instituto Catalán de Finanzas (ICF).
Hasta ahora, uno de los últimos consellers que se había sentado en el banquillo de los acusados fue el democristiano Ignasi Farreres (CiU), que estuvo en el gobierno de Jordi Pujol entre 1988 y 1999, y que acabó siendo absuelto ya que no se pudo probar que conociera la "injusticia y arbitrariedad" de las resoluciones que firmó para encargar los estudios de dudosa utilidad que derivaron en el caso Treball.
También se sentó en el banquillo de los acusados el exconseller de Medio Ambiente Albert Vilalta (CDC) -ya fallecido-, que fue absuelto en 2011 de un delito de malversación de caudales públicos, por la contratación de un plan de pensiones para directivos de Ferrocarrils de la Generalitat -por el que sí fueron condenados a seis años los también expresidentes de Ferrocarrils Enric Roig y Antoni Herce-.
De hecho, Vilalta -que fue presidente de Ferrocarrils entre 1983 y 1991 y conseller de Medio Ambiente en 1999- fue condenado por la Audiencia de Barcelona por prevaricación, aunque el delito ya había prescrito al haber transcurrido los diez años fijados por la ley, por lo que no se le pudo imponer pena alguna.
También han estado entre rejas, en este caso unos días en prisión provisional tras ser detenidos, dos pesos pesados de los gobiernos de Jordi Pujol, el exsecretario general de Presidencia entre 1980 y 1990 Lluís Prenafeta y el exconseller de Economía Macià Alavedra, a raíz de su imputación por el caso Pretoria.
Otro exconseller con problemas con la justicia fue el extitular de Política Territorial Jaume Roma (CiU), que tuvo que dimitir a los siete meses de entrar en el gobierno -entre noviembre de 1994 y junio de 1995- al verse implicado en unas supuestas irregularidades en las concesiones de unas obras, si bien en 2001 la Audiencia de Barcelona archivó la causa.
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