
Barcelona, 3 jul (EFE).- El exdirector gerente del Hospital de Sant Pau Jordi Colomer ha admitido hoy ante el juez que investiga las supuestas irregularidades en el sobrecoste de las obras del nuevo centro que en el proceso hubo caos y desorganización, aunque ha descartado que se produjeran ilegalidades.
Colomer ha comparecido hoy como imputado por los delitos de prevaricación y malversación ante el titular del juzgado de instrucción número 22 de Barcelona, que investiga el encarecimiento de 38,5 millones de euros y la adjudicación directa por valor de 105 millones de euros en las obras del nuevo Hospital de Sant Pau, que se ejecutaron en cuatro fases, licitadas entre octubre de 2000 y mayo de 2006 y que concluyeron en 2009.
Según han informado fuentes judiciales, el exdirector gerente ha reconocido que cuando en 2005 se incorporó al Sant Pau detectó una situación de caos y cierta desorganización en el proceso de obras, con un desfase presupuestario que entonces calculó en cerca de 70 millones de euros, aunque en todo momento ha negado que se produjeran ilegalidades.
Ante el juez, Colomer ha justificado el encarecimiento de las obras porque el proyecto para construir el nuevo hospital -que fue inaugurado en 2009-, se modificó sobre la marcha, de forma que pasó de una estructura inicial de poco más de 60.000 metros cuadrados a los 113.000 metros cuadrados finales.
Además, según las mismas fuentes, el exdirector gerente también ha alegado que, con el paso de los años, el instrumental médico programado se fue encareciendo, ya que los avances técnicos dejaron como obsoletos los productos inicialmente previstos y tuvieron que optar por nuevas herramientas más modernas, pero también más caras.
En su declaración ante el juez, Colomer ha señalado que cuando llegó al Sant Pau en 2005 introdujo el sistema de contratación pública para adjudicar las obras, ya que hasta entonces se regía por un modelo privado.
Según las mismas fuentes, Colomer optó por este modelo público porque consideraba que era la mejor opción -pese a que el centro se regía por un patronato privado en el que participaban las administraciones-, ya que también lo había aplicado en su anterior etapa al frente del Hospital de Vall d'Hebrón, de titularidad pública.
Ante el juez también ha comparecido hoy el exprimer teniente de alcalde de Barcelona Xavier Casas, también como imputado por malversación y prevaricación, que se ha desvinculado del sobrecoste de las obras y ha alegado que sólo estuvo en el patronato hasta 2003, tres años antes de que acabara la licitación de las obras.
A su salida del juzgado, Casas ha atendido brevemente a los periodistas y ha señalado, al ser preguntado por cómo ha justificado el sobrecoste de las obras, que sólo formó parte del Patronato de la Fundación Patrimonial del hospital -en representación del Ayuntamiento de Barcelona-, hasta el año 2003.
"Yo formaba parte hasta 2003 de la MIA (la Fundación del Patronato) y no después", ha señalado Casas.
Según fuentes judiciales, a Casas también se le ha preguntado durante su interrogatorio por la frustrada venta de la finca de Can Masdeu, con la que el Hospital quería financiar las obras, aunque ha evitado entrar en concreciones.
El juez también ha interrogado como imputado al actual director gerente de la fundación privada del Sant Pau, Jordi Bachs, que ha alegado que cuando entró en el Hospital el proceso ya estaba culminado.
Ante el juez también han comparecido como imputados dos representantes de Iglesia en el patronato cuando se aprobaron las obras: Joan Evangelista Jarque Jutglar, que fue delegado de la diócesis de Barcelona, y monseñor Josep Anton Arenas Sampera, director espiritual del seminario mayor y menor de Barcelona, que se han escudado en su falta de conocimientos técnicos.
El juez también tenía previsto tomar hoy declaración como imputado al exdirector del ICS y de Innova Josep Prat, que formó parte de la Fundación del Patronato en representación de la Generalitat, y al exgerente del Hospital y exdirector del Incasòl Josep Antoni Grau, aunque su comparecencia se ha pospuesto hasta el próximo 24 de julio, según fuentes judiciales.
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