Madrid, 21 feb (EFE).- El Juzgado Contencioso-Administrativo número 33 de Madrid ha desestimado el recurso contra el cierre del centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual Magerit y el traslado de sus usuarios ordenado en 2011 por la Comunidad de Madrid, al presentar este graves deficiencias de seguridad.
La sentencia desestima el recurso presentado por la asociación de madres y padres de usuarios del centro, en el que esta impugnaba la resolución del Servicio Regional de Bienestar Social del 7 de marzo de 2011 que acordaba el cese de actividad de tres centros de atención a personas con discapacidad intelectual: Arganda del Rey, Fray Bernardino Álvarez y Magerit.
En el fallo, al que ha tenido acceso EFE, el juzgado explica que la prueba practicada en los edificios del centro clausurado prueban que estos sufren "patologías que hacían necesaria su inmediata reparación".
En concreto, la sentencia refiere que los estudios técnicos informaban de un "importante grado de corrosión en algunos pilares" y un "estado generalizado de oxidación de los elementos metálicos de la estructura y en viguetas de forjados", entre muchos otros defectos, como "descenso en los planos de suelos", la "separación entre muros de fachada y forjados" y "desprendimiento de material en aleros y cornisas".
A continuación, la sentencia indica que, por estas deficiencias, "no puede considerarse desproporcionado el desalojo y traslado de los usuarios a otra edificación que reúna las condiciones de seguridad necesarias", una decisión que "queda dentro de la potestad de autoorganización de la Administración".
El juez no entra a valorar en su escrito, si el cierre, que era necesario por motivos de seguridad, causó una "sensación de maltrato" entre los usuarios, que queda fuera del objeto y del contenido de la sentencia.
No obstante, cita una reunión de la administración en la que participó la asociación y el "seguimiento" de los usuarios afectados en el "proceso de adaptación".
La sentencia desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto en septiembre de 2011 por la asociación de madres y padres de usuarios del centro ocupacional Magerit, que alegó que la pretensión del cierre afectaba "gravemente" al desarrollo integral de los usuario del Magerit.
Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El consejero de Presidencia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha considerado que la justicia le ha dado la razón a la Comunidad, que "obró con toda cordura" para proteger la "preservación de la seguridad física" de los usuarios del centro, que recibieron la "atención necesaria" en otro centro en Leganés.
Victoria ha lamentado que esas medidas, "guiadas a mantener la seguridad e integridad" de usuarios y trabajadores, fueron "instrumentalizadas" en su día por el PSOE con "manifestaciones en contra".