Un comité legislativo demanda al fiscal general de EE.UU. por una operación clandestina

Washington, 13 ago (EFE).- Un comité del Congreso de EEUU presentó hoy una demanda civil contra el fiscal general, Eric Holder, para obligarle a entregar documentos adicionales sobre la fallida operación "Rápido y Furioso", que permitió el tráfico ilegal de armas a México en 2009.

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, que ha encabezado las investigaciones sobre la operación policial, presentó la demanda en un tribunal federal para exigir que Holder entre los documentos solicitados en una citación judicial en octubre de 2011.

La operación, a cargo de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), permitió el tráfico ilegal de unas 2.000 armas a México en 2009 con la idea de rastrearlas hasta los cabecillas del narcotráfico y el crimen organizado en ese país, sin embargo alguna de ellas fue usada para asesinar a un agente estadounidense.

Los documentos, explicó el Comité en un comunicado, "demostrarán por qué el Departamento de Justicia tardó diez meses en revocar una carta con fecha del 4 de febrero de 2011 que contenía falsas negaciones" sobre las tácticas utilizadas en "Rápido y Furioso".

La Casa Blanca ha defendido la cooperación de Holder en las investigaciones pero se niega a entregar los documentos solicitados por el Comité, presidido por el legislador republicano Darrell Issa, argumentando que el fuero ejecutivo protege las deliberaciones internas de las agencias federales.

El Comité, presidido por el legislador republicano Darrell Issa, reiteró hoy su queja de que el presidente de EEUU, Barack Obama, recurrió a la figura del fuero ejecutivo "en el penúltimo minuto" antes de que el Comité aprobase una resolución de condena ante la negativa de Holder de entregar los documentos.

Según Issa, la decisión de Obama de usar el fuero ejecutivo fue "una calculada maniobra política para frenar la divulgación de los documentos hasta después de los comicios de noviembre" próximo, a los que se presenta a la reelección.

La ATF, que depende del Departamento de Justicia, perdió el rastro de las armas, algunas de las cuales fueron a parar a manos criminales. Se calcula que unas 1.400 armas aún no han sido recuperadas.

Además, dos de ellas, dos rifles de asalto AK-47, fueron usadas en el asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry, el 15 de diciembre de 2010.