Orihuela (Alicante), 7 jun (EFE).- Un juzgado de Orihuela ha citado a declarar como imputadas a 29 personas en relación con el caso Brugal, entre ellas la exalcadesa oriolana y secretaria general del PP de la provincia de Alicante, Mónica Lorente, y apunta para algunas de éstas supuestos delitos electorales, fraude y cohecho.
Con esta resolución, emitida por la titular del juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, se pretende determinar la existencia o no de las conductas imputadas y el grado de participación -si finalmente lo hubiese- de cada una de estas 29 personas, que se suman a otras ocho inicialmente imputadas, entre estas últimas tres exediles populares y dos empresarios.
Según el auto, fechado el pasado 4 de junio, Lorente declarará el próximo mes de octubre por supuestos delitos de prevaricación, revelación de secreto o información privilegiada, actividades prohibidas a autoridades, tráfico de influencias y fraude.
Junto a la exalcalde y portavoz del Grupo Popular en el consistorio oriolano, la juez cita a declarar como imputadas, entre otras personas, a los concejales populares José Manuel Cutillas (supuesto delito electoral y/o falseamiento de cuentas electorales), David Antonio Costa (supuesto delitos de prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias y fraude) y Araceli Vilella (supuesto delito de prevaricación).
La juez ha decidido tomar declaración a estas 29 personas más en la medida en que éstas, según los informes emitidos por el Ministerio Fiscal y la policía, se les atribuye la comisión de hechos delictivos relacionados con el proceso de adjudicación del servicio de recogida de residuos urbanos de Orihuela, una de las piezas del denominado caso Brugal.
Además, la titular del juzgado oriolano, a petición del fiscal, ha requerido al PP local y al Partido Social Demócrata (PSD) de Orihuela que aporten los libros de cuentas donde consten los gastos realizados durante la campaña de las elecciones municipales y autonómica de 2007, así como las diferentes facturas de los pagos efectuados a proveedores.
También ha pedido identificar a las personas que en relación con dichos procesos electorales ostentaron los cargos de administradores generales de ambos partidos y de sus respectivas candidaturas, y las entidades bancarias y las cuentas abiertas para la recaudación de fondos para sufragar los gastos electorales de 2007.
Otros de los citados a declarar como imputados son el exportavoz del PSOE en el consistorio oriolano Francisco García Ortuño, quien también militó en el PSD; el exedil popular y secretario general del PP local, Antonio Lidón, y el también exconcejal del PP Antonio Francisco Franco.
La operación Brugal se inició en los primeros meses de 2006 a raíz de que el empresario Ángel Fenoll difundiera unas grabaciones con un concejal de Orihuela en las que se ponía de manifiesto unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso local de basuras, donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la mercantil de su propiedad, Colsur.
Estas grabaciones apuntaban que otra de las mercantiles aspirantes supuestamente habría ofrecido dinero a dirigentes políticos a cambio de resultar adjudicataria.
El proceso de adjudicación de ese contrato fue paralizado y en 2010 el consistorio lo adjudicó, tras un estudio realizado por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), a la firma Sufi, que se presentó bajo una unión temporal de empresas (UTE) con Liasur y Gobancast.
Las investigaciones iniciales -2006- se dilataron en el tiempo y desvelaron nuevos y variados supuestos casos de corrupción en Orihuela y otras localidades de la provincia, que a su vez dieron origen a cerca de una veintena de piezas separadas del Brugal.
Entre ellas, las supuestas irregularidades en la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja y las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.