Madrid, 8 feb (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se ha inhibido en favor de los juzgados de Barcelona para que investiguen el acoso a varios diputados catalanes, que fueron agredidos el 15 de junio cuando un grupo de indignados protestaba a las puertas del Parlament, han informado fuentes jurídicas.
Esta decisión del magistrado se produce después de que el pleno de la sala de lo penal de este tribunal estimara por mayoría la cuestión de competencia planteada por los 20 imputados por un delito contra las Altas Instituciones de la Nación, al entender que el Parlament no puede ser considerado como un organismo del Estado español y ordenara la inhibición en favor de los juzgados catalanes.
Para los magistrados, esta causa no tiene cabida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que fija las competencias de la Audiencia Nacional, tal y como argumentó Velasco al imputar a los veinte indignados que cercaron a los diputados catalanes cuando iban a participar en el debate de los presupuestos autonómicos, con el que se abría la puerta a los recortes.
Según establecía la resolución del pleno, que contó con un voto particular de la magistrada Ángeles Barreiro, la "competencia de la Audiencia Nacional debe limitarse a los altos organismos cuyo ámbito sea el de toda la nación", sin que la interpretación del delito contra instituciones del Estado pueda hacerse "extensiva" a un tribunal especializado de la jurisdicción penal, con competencias precisas.
Asimismo, los magistrados han tenido en cuenta el hecho de que los parlamentarios catalanes son aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por lo que entienden que no sería lógico instruir una causa por un delito contra el Parlamente en la Audiencia Nacional,
Barreiro, sin embargo, defendió la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos porque, a su juicio, "el Estado que representa la Nación Española es uno, cualesquiera sean las formas en que se decante", y consideró que el bien jurídico protegido es "el mantenimiento de la división de poderes" y por ello "no es aceptable" atribuir la competencia a los Tribunales Superiores de Justicia.
Velasco estimó que los hechos ocurridos podrían ser constitutivos de un delito contra los altos organismos de la Nación "al ser una actuación contra el Parlamento de Cataluña, una "institución del Estado que debe entenderse entre las protegidas como Alto Organismo de la Nación" haciendo una "interpretación sistemática" de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal.
Tras tomar declaración los pasados 6 y 11 de octubre a los imputados por el mencionado delito -castigado con entre tres y cinco años de cárcel-, el juez los dejó en libertad con la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado y de facilitar la dirección de su domicilio habitual y un teléfono de contacto.
Para interrogar a los diputados como perjudicados, el magistrado y la fiscal Teresa Sandoval, que también defiende la competencia de la Audiencia Nacional, se desplazaron a Barcelona el pasado 14 de diciembre, donde varios diputados les relataron que se sintieron intimidados y coaccionados como representantes del Parlament.
Al presidente catalán, Artur Mas, el juez Velasco le envió un cuestionario con preguntas de las partes personadas y suyas.