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La Justicia castiga el intento de ETA de actuar desde Portugal y condena a 12 años a Zengotitabengoa

Caldas da Rainha (Portugal), 6 ene (EFE).- La Justicia de Portugal castigó hoy el intento de ETA de cometer atentados en España desde territorio luso, donde la organización terrorista había logrado ocultar una base con tonelada y media de explosivos.

Andoni Zengotitabengoa, sentenciado hoy a doce años de cárcel por el tribunal de Caldas da Rainha como colaborador de una organización terrorista y responsable de los explosivos, apelará la condena, anunció de inmediato su abogado.

El etarra, que se instaló en Portugal en 2009, montó uno de los mayores arsenales incautados a su organización con otro supuesto terrorista que logró huir de Portugal, Oier Gómez Mielgo, detenido el año pasado en Francia tras un tiroteo.

De la pena impuesta hoy, se descontará a Zengotitabengoa los dos años que lleva recluido en una prisión de Lisboa, en la que está desde marzo de 2010 en régimen preventivo.

El delito más grave que pesaba sobre el acusado, asociación terrorista, está castigado con hasta 15 años de cárcel, el máximo al que podía llegar su condena, aunque el total de los cargos, incluidos tenencia de armas, falsificación y robo, podían sumar hasta 20 años y 4 meses de prisión.

Los tres magistrados que dictaron sentencia optaron por imponerle un pena total intermedia entre la cifra máxima y el mínimo de 9 años imputable a los delitos que se le han probado.

El abogado del condenado, José Galamba, declaró a los periodistas que recurrirá la sentencia dentro del plazo legal de treinta días y señaló que tiene interpuestos, además, dos recursos para intentar que se anule el proceso.

El letrado ha recurrido las decisiones del tribunal de Caldas da Rainha sobre su petición de más testimonios, denegada hoy, y sus denuncias sobre supuestas irregularidades y defectos de forma en la investigación, que fueron rechazadas durante el proceso.

Galamba había solicitado que se llamara a 13 testigos más, entre ellos los máximos responsables de las fuerzas de seguridad lusas, pero los jueces consideraron injustificada la petición.

El juicio de Zengotitabengoa iba a concluir el pasado 12 de diciembre, pero el tribunal decidió alargar el proceso ante el nuevo y más grave cargo de apoyo a una organización terrorista que formularon los fiscales en sus alegaciones finales.

El tribunal optó por dar nuevos plazos de respuesta a la defensa y la fiscalía, que fueron resueltos hoy sin admitir más diligencias.

A lo largo del juicio, la defensa intentó invalidar como prueba los 1.500 kilos de explosivos y cuestionó algunos de los cerca de cuarenta testimonios presentados por los fiscales, así como la presencia de agentes sin mandato judicial en la casa donde fue encontrado el arsenal.

Al leer la sentencia, el presidente del tribunal, Paulo Coelho, indicó hoy que la ocultación de tonelada y media de explosivos era el hecho más grave por el peligro de una deflagración de "consecuencias catastróficas" en Obidos, a cien kilómetros al norte de Lisboa, donde estaban almacenados.

El fallo atribuye a Zengotitabengoa los delitos de adhesión a organización terrorista, tenencia de armas prohibidas y falsificación de documentos con el agravante de haber sido cometidos para la práctica del terrorismo, así como robo de un vehículo y resistencia a la autoridad al huir de un control de carretera.

El juicio comenzó el pasado 13 de septiembre en Caldas da Rainha, ciudad cercana a Obidos, donde el 4 de febrero de 2010 fueron encontrados los explosivos.

El informe de los fiscales reveló que ETA empezó a preparar una base logística en Portugal en 2007 y los testimonios de vecinos, comerciantes y empleados identificaron a los dos activistas como inquilinos de la vivienda, mientras varios peritos constataron la potencia mortífera de las sustancias que almacenaba.

Otros dos supuestos terroristas, Garikoitz García Arrieta e Iratxe Yañez Ortiz de Barrón, fueron arrestados en Portugal en enero de 2010, tras evadir un control policial español cuando trasladaban hacia Portugal una furgoneta con artefactos para fabricar explosivos.

Ambos fueron entregados meses después a la Justicia española, pese a las numerosas acciones legales que interpuso Galamba.

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