Ecoley

Sólo los funcionarios de la Inspección de Protección de Datos investigarán

Los funcionarios que no pertenecen a la Inspección Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ya no pueden participar en las investigaciones, al haber anulado el Tribunal Supremo el artículo 123.2 del Reglamento de Protección de Datos, que lo permitía en situaciones extraordinarias.

Así, en una sentencia, de 26 de mayo de 2010, la Sala de lo Contencioso Administrativo considera que la Ley Orgánica de Protección de Datos no incluye esta potestad entre las atribuidas al director de la Agencia, por lo que no puede ser introducida a través del Reglamento.

Y éste no es el único artículo que el Alto Tribunal ha anulado del citado Reglamento (Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre), puesto que en esta misma sentencia y en otras dos (de 15 de julio de 2010) elimina dos artículos completos del Reglamento de Protección de Datos (artículos 11 y 18), otro de forma parcial (38.1 a) y 2).

Análisis de los otros artículos eliminados

El magistrado Trillo Alonso, que actúa de ponente en todas ellas, anula el artículo 11, al considerar que habilitaba un nuevo supuesto de tratamiento y cesión de datos por parte de las Administraciones Públicas sin que mediase consentimiento de los interesados, y sin la habilitación legal exigida, ya que se sustentaba sólo por el Reglamento.

Con respecto al 18, la sentencia entiende que este artículo no se limita a poner de manifiesto que la carga de probar el cumplimiento efectivo del deber de informar corre a cargo del responsable del fichero o tratamiento. Lo que en realidad establecía era la obligación de que la prueba de ese cumplimiento efectivo constase documentalmente o por medios telemáticos.

Por su parte, el artículo 38.1 a) regulaba que sólo era posible la inclusión en estos ficheros de deudores de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que exista antes una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada y respecto de la cual no se haya entablado reclamación judicial, arbitral o administrativa, o tratándose de servicios financieros, no se haya planteado una reclamación.

La sentencia aprecia que esta redacción permite considerar que existe una imposibilidad de publicar los datos aunque sea el acreedor el que reclame.

Incluidos indebidamente

El artículo 38.2, que obligaba a los gestores de ficheros de morosos a cancelar cautelarmente datos personales cuando existiera un principio de prueba de que se habían incluido indebidamente, se anula, porque como está redactada "origina una gran inseguridad jurídica que puede dar lugar a la apertura de expedientes sancionadores".

Finalmente, Trillo Alonso ha emitido dos autos (de 26 de mayo y 15 de julio) en los que eleva una consulta al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) para que se pronuncie sobre si se ajusta a la normativa comunitaria que el Reglamento exija que para que el responsable del fichero, o el tercero a quien se comuniquen los datos, pueda llevar a cabo un tratamiento en virtud de un interés legítimo, que tales datos figuren, en todo caso, en fuentes accesibles al público, que enumeran la Ley Orgánica y el propio Reglamento.

WhatsAppWhatsApp
FacebookFacebook
TwitterTwitter
Linkedinlinkedin
emailemail
imprimirprint
comentariosforum