Comuneros mapuches se toman la sede de un organismo estatal en el sur de Chile

"Como Pueblo-Nación Mapuche exigimos el fin de la Violencia contra nuestros niños, la desmilitarización de nuestro territorio y la renuncia del responsable político en la zona de todos los hechos represivos, el gobernador de Arauco Humberto Toro", señaló un comunicado difundido mediante internet.

Según informó Radio Cooperativa, la acción fue reivindicada por "distintas comunidades en Resistencia de Arauco" y argumentada como "respuesta a la arremetida cobarde y genocida del Estado chileno" en contra de la "nación mapuche".

La publicación acusa una política de ocupación y militarización "sin precedentes en tiempos de pseudo democracia". Además de la instalación de una campaña del terror contra todos los integrantes del pueblo mapuche.

Dentro de esta operación los comuneros destacan casos como los del tiroteo al joven Brandon Hernández Huentecol y el de Lorenza Cayuhán, quien dio a luz a su hijo mientras estaba engrillada.

A pesar de la ocupación, el intendente Rodrigo Díaz dio instrucciones de dialogar con los comuneros y lograr que se retiren de forma pacífica, pero advirtió que si las personas se niegan a salir se va a ordenar desalojar el inmueble

En el sur de Chile, especialmente en las regiones de La Araucanía y el Biobío, existe desde hace varios años el llamado conflicto mapuche, originado en reclamaciones de algunas comunidades por la propiedad de tierras que consideran ancestrales a empresas agrícolas o forestales que las poseen legalmente.

En su última cuenta pública la presidenta Bachelet anunció la elaboración de un plan integral para la Araucanía con el objetivo de poner fin a los problemas y la tensión que se vive en esa parte del país, donde se concentra la mayoría de la población mapuche, destacando que "es hora de terminar con un conflicto que ha durado casi 500 años".

El plan tendrá tres ejes, el primero de los cuales supone la inclusión del reconocimiento constitucional y la participación política indígena en el proyecto de la nueva Constitución que el Gobierno enviará al Congreso en el segundo semestre de este año, previa consulta indígena.

Asimismo, contempla la elaboración de un proyecto de Ley de Desarrollo Productivo Regional y Territorial, y en tercer lugar, amplía el programa de reparación de todas las víctimas de la violencia en la región.

"La relación entre el pueblo mapuche y la sociedad chilena, así como el retraso de la Araucanía tienen una complejidad y albergan una tensión histórica que no se soluciona con medidas parciales ni en el corto plazo", reconoció la Jefa de Estado.

El denominado conflicto mapuche ha derivado en episodios de violencia en los que han muerto varios comuneros, policías y agricultores, mientras varias decenas de indígenas han sido procesados y condenados por diversos delitos, principalmente ataques incendiarios.