El Gobierno salvadoreño prepara una ley para mantener la paz tras la anulación de la Amnistía

El proyecto de la ley de reconciliación nacional es analizado "junto a las diferentes fracciones políticas del país" y "tendrá como prioridad el respeto a la vida humana y el resarcimiento de las víctimas", aseguró hoy el portavoz del Gobierno, Eugenio Chicas.

Esta ley "puede ser un instrumento idóneo" para que el "desmontaje del conflicto armado se pueda sostener", aseguró el portavoz en una entrevista con el canal estatal.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró "inconstitucional" la Ley General de Amnistía vigente desde 1993 que impedía reabrir, investigar o procesar crímenes de guerra ocurridos durante la guerra civil (1980-1992).

La CSJ se basó en el alegato de que esa amnistía "es contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales, y al derecho a la reparación integral de las víctimas".

Chicas precisó que "el resarcimiento de las víctimas del conflicto" no solo debe verse desde una perspectiva económica, sino que también "debe brindar las garantías para que hechos de esa naturaleza que enlutaron tanto al país no se vuelvan a repetir".

"También hablamos en este caso de hijos, de sobrinos, de familiares que aún sobreviven que deben de ser reivindicados, deben de ser incluidos, debe de haber programas específicos que estén al alcance del Estado", explicó sin detallar el tipo de iniciativas que propondrán con dicha ley.

Algunos sectores de El Salvador aseguran que la decisión del Supremo de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía "arrastra" al país al pasado y "reabre viejas heridas", mientras que para otros es el inicio real de la "reconciliación".

La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General supone que se puedan retomar o abrir procesos judiciales en los 32 casos de crímenes de guerra plasmados en el Informe de la Comisión de la Verdad de 1993 de las Naciones Unidas, atribuidos al Ejército y a la guerrilla.

El documento recoge casos como el de la masacre de 6 padres jesuitas y 2 de sus colaboradoras (1989) y de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y el asesinato de Óscar Romero (1980), ahora beato de la Iglesia católica.

La guerra civil que enfrentó el Ejército, financiado por Estados Unidos, y la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy en el poder como partido político, se saldó con unos 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.