La Comisión Internacional de Juristas apoya la labor del juez del caso de corrupción en Guatemala

En una declaración pública, el grupo de juristas explicó que una misión reciente, encabezada por su comisionado, José Antonio Martín Pallín, constató que los jueces de Guatemala "continúan siendo amenazados en el ejercicio de su independencia por la injerencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)".

Esta intromisión, agregó, se produce, especialmente, en funciones administrativas, relacionadas con el control del personal, especialmente en el traslado "injustificado" de jueces.

En este sentido, explicó que Gálvez, encargado del Tribunal B de Mayor Riesgo, "ha afrontado riesgos de traslado en los últimos seis meses".

La comisión de juristas concluyó que la actuación del juez "se ajusta a los principios internacionalmente admitidos del derecho al debido proceso y a las garantías de los sindicados", por lo que manifestó "su preocupación" por la acumulación "excesiva" de asuntos judiciales de su competencia que hacen "imposible" una actuación dentro de los plazos establecidos por la ley.

En este sentido, demandó a la Corte Suprema "con toda firmeza" que tome medidas efectivas de apoyo hacia Gálvez para que pueda "concentrarse" en la tramitación de los asuntos que verdaderamente preocupan a la ciudadanía guatemalteca.

"Ningún órgano judicial puede afrontar la pesada carga judicial a la que el juez Gálvez tiene que hacer frente", indicó el grupo de juristas, que agregó que cualquier retraso se debe a la "inactividad" de la Corte Suprema de Justicia "que no nombra a jueces de apoyo".

Gálvez ha conocido casos de alto impacto en Guatemala como el asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano y la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, además de haber elevado a juicio la causa de acusación de genocidio contra el exdictador José Efraín Ríos Montt.

Actualmente, entre otros casos, es el encargado de "La Línea", el caso de defraudación aduanera que implica a más de 40 personas, entre ellas el exmandatario Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva por supuestamente liderar la estructura.

En diciembre, ambos exfuncionarios, acusados de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera, conocerán si deben enfrentar un juicio por su presunta vinculación con esta red criminal.